Equilibrio fiscal, pero con alivio a los bolsillos e incentivos a la producción. Esos postulados entrelazados prometen convertirse en el centro al que convergerán buena parte de las propuestas electorales en 2027. Con una actividad económica a un paso de caer en recesión, ingresos en sostenida caída y acelerada precarización del mercado laboral, la mera promesa del uso de la motosierra para alcanzar el orden fiscal ya no parece ser una carta ganadora; la vuelta a los severos desequilibrios presupuestarios, tampoco.
En esa delgada línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó hace unos días una propuesta fuerte: la eliminación del llamado Impuesto a los Combustibles. El argumento principal es que esa iniciativa generaría beneficios como la reducción del precio del boleto en el transporte público de pasajeros y la disminución de los costos logísticos, pero que, en paralelo, no supondría un alto impacto fiscal dado que buena parte de la recaudación del impuesto hoy no está yendo a los fines para los que fue creado. «Saquen el impuesto a los combustibles y podremos bajar el 35% el boleto a los cordobeses; el subsidio al AMBA no arregla el transporte de toda la Argentina», sostuvo Llaryora en el marco de la 32° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El interrogante, entonces, es si esa propuesta podría alcanzar los beneficios planteados por el gobernador de Córdoba. En principio, la recaudación del Impuesto a los Combustibles prevista para este año es de $ 7,64 billones. Ese monto es el equivalente al 0,67% del PBI, un porcentaje cercano al gasto en universidades nacionales de 2023, antes del fuerte ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei en los últimos tres años.
En todo caso, más importante que el número final es la tendencia. El Impuesto a los Combustibles registró cambios profundos a fines de 2017, cuando la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri llevó a que se sustituyera el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, que se calculaba como porcentaje del precio del combustible, por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto sobre el Dióxido de Carbono, ambos de suma fija en pesos, ajustables trimestralmente por inflación. Sin embargo, desde entonces, los distintos gobiernos decidieron en muchas ocasiones postergaciones de los ajustes para no agregar un impulso adicional a la inflación.
Para recomponer ese atraso acumulado desde 2018, el gobierno de Milei ha venido actualizando el impuesto por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con eso, en 2025, la recaudación ascendió a $ 4,85 billones, un aumento del 92% frente al año anterior. Este año el incremento rondará el 60%, el doble que la inflación.
Esos incrementos llevaron a que el Impuesto a los Combustibles Líquidos pasara de representar el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio pasado, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), dirigido por el exministro de Obras Públicas de la Nación y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. Medido en dinero, el monto de ese gravamen en cada litro de nafta pasó de $ 116 a $ 400 en los últimos tres años.
¿Qué efectos tendría, entonces, la eliminación del impuesto? «En ciudades como Rosario, Córdoba o Mendoza, el combustible representa entre el 20% y el 30% del costo del transporte urbano de pasajeros», dijo a El Economista Cristian Bergmann, presidente del centro de políticas públicas Fundación Apertura. «Con una alícuota cercana al 15%, la eliminación del impuesto implicaría una reducción del pasaje del 4%», agregó.
En la misma proporción podrían verse reducidos los costos logísticos. En un contexto de márgenes cada vez más apretados, el combustible -específicamente el gasoil- representa entre el 35% y el 40% de la matriz de costos totales de las empresas de transporte automotor de cargas, según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). En los últimos doce meses ese insumo saltó un 60,02%, solo por debajo de los peajes (78,17%).
«La eliminación del Impuesto a los Combustibles implicaría una baja del 4% al 5%, en los costos logísticos», dijo Bergmann. «Después, habría que ver si esa baja reduciría los costos de los usuarios de logística o si finalmente sería una ayuda para mejorar la ecuación de rentabilidad de las empresas de ese sector», añadió.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora
¿Coparticipación en lugar de eliminación?Una eventual eliminación del Impuesto a los Combustibles implicará un alivio tanto para pasajeros como para empresas que necesitan transportar carga. Sin embargo, esos beneficios chocan contra las restricciones fiscales.
En un marco en que la recaudación tributaria nacional total descendió un 2,7% real interanual durante los primeros diez meses de este año, el Impuesto a los Combustibles corrió en sentido inverso: saltó 18,2%, el mayor crecimiento entre todos los gravámenes, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese incremento promete sostenerse en 2027. De acuerdo al Presupuesto, se prevén recaudar por este impuesto $ 12,18 billones, una suba nominal de casi el 60% frente a una inflación proyectada del 18%.
Con una recaudación en fuerte ascenso, también viene creciendo la disputa por el destino de esos recursos. Por ley, los fondos recaudados deben destinarse a distintos rubros que van desde el Sistema Único de Seguridad Social (28,69%) y el Fondo Nacional de la Vivienda -Fonavi (15,07%) hasta las provincias (10,4%), el Tesoro Nacional (10,4%) y un fideicomiso de infraestructura hídrica (4,31%). El punto más polémico es que un 28,58% va a un fideicomiso de infraestructura de transporte, que en buena parte se destina al Sistema Vial Integrado (SisVial), un programa dirigido a financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
«Hay un contrasentido: se siguen recaudando fondos para infraestructura, pero se avanza hacia un modelo de concesión privada», dijo Bergmann. «Hay fondos que quedan sin ejecutarse y habría que plantearse su destino dado que se estarían utilizando para financiar al estado de manera indirecta, como con la colocación de bonos públicos, y no se está respetando el destino para el que fue creado por ley», agregó.
Lejos de buscar argumentos para justificar ese desvío presupuestario, la Casa Rosada admitió que usa el dinero para sostener el equilibrio fiscal. De hecho, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció en agosto pasado que una parte de los fondos es retenida y utilizada por el Ministerio de Economía para apuntalar el equilibrio de las cuentas públicas.
Ante eso, desde las provincias crecen los reclamos, sobre todo en las jurisdicciones de mayor cantidad de habitantes y movimiento de vehículos. «Si se plantean recaudar por el Impuesto a los Combustibles en el próximo año $ 12 billones, al fideicomiso de infraestructura de transporte irían $ 3,4 billones, una masa de recursos muy grande cercana al presupuesto total de ciudades como Rosario o Córdoba», señaló Bergmann. «Una ciudad como Rosario recauda por combustibles $ 7.900 millones mensuales; si esa recaudación se la dejara a los rosarinos, ahí sí el impuesto tendría un peso importante sobre el costo del sistema y se podría reducir el precio del boleto del colectivo en el orden del 40%».
En paralelo a los posicionamientos políticos para el año próximo empiezan a surgir algunas propuestas para aliviar la pesada carga que afrontan tanto los ciudadanos de a pie como las empresas. Frente a una tasa de sub ejecución cercana al 70% de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos que debieran destinarse a las obras en las rutas, hay un proyecto consensuado entre distintos gobernadores para eliminar diversos fondos fiduciarios, entre ellos el de Infraestructura de Transporte y el Sistema Vial Integrado, y para modificar la distribución total del impuesto. Si esa iniciativa se convirtiera en ley, las provincias pasarían de recibir el 10,4% actual al 57,02% de la recaudación total del impuesto.
«La solución pasa por que, en lugar de un fideicomiso, que en general suelen ser opacos, se coparticipe ese 28,5% del Impuesto a los Combustibles a las provincias, y que las provincias puedan financiar sus sistemas de transporte y obras viales», dijo Bergmann. «Creo que esta cuestión va a entrar en la discusión del Presupuesto 2027: eliminar el impuesto no parece viable; pero coparticiparlo, sí».
