La Argentina arrastra una larga decadencia económica cuyas raíces conviene recordar antes de evaluar el presente. Durante décadas, el país convivió con déficits fiscales crónicos, financiamiento monetario del Tesoro, desequilibrios múltiples, alta inflación y crisis recurrentes. Ese desorden macroeconómico se combinaba con un modelo de intervención estatal creciente, saturado de regulaciones, controles de precios y restricciones al comercio, que alejaba cada vez más la asignación de recursos de las señales del mercado. El agravante decisivo es que, tras cada crisis, la economía nunca recuperaba del todo su tendencia de crecimiento previa, lo que derivó en una pérdida sostenida de bienestar.
Las cifras de ese retroceso son demoledoras. Entre 1980 y 2025, a lo largo de cuarenta y cinco años, la Argentina atravesó veinte años de caída del producto, prácticamente uno de cada dos, y su ingreso por habitante creció apenas un 21%. El contraste con otras naciones es brutal, ya que en ese mismo lapso Australia y Estados Unidos, apoyados en la estabilidad macroeconómica, duplicaron su producto por habitante, mientras que Chile más que lo triplicó. A ello se suma un patrón estructural que explica buena parte del estancamiento, y es que el país consume demasiado, ahorra e invierte muy poco y permanece relativamente cerrado al mundo. Hoy destina más del 82% de su producto al consumo, apenas un 15% a la inversión, frente a casi el 24% de Australia, y sus exportaciones representan una fracción muy inferior a la de las economías comparables.
Frente a semejante herencia, el cambio de rumbo iniciado a fines de 2023 fue no solo adecuado sino imprescindible, y en muy poco tiempo se avanzó muchísimo. Se pulverizó el déficit fiscal, se eliminó el financiamiento monetario del Tesoro, se corrigieron buena parte de los desequilibrios que empujaban al país hacia una nueva crisis y se logró una desinflación de gran magnitud. Pero la transformación fue aún más profunda, porque comenzó a desmontarse un modelo basado en la intervención permanente del Estado para reemplazarlo por otro apoyado en el mercado, la iniciativa privada, la competencia, la desregulación y una mayor apertura.
El inventario de avances es extenso y merece ser reconocido. El ajuste del gasto público alcanzó unos cinco puntos del producto, lo que permitió llegar a un superávit primario que hoy se ubica en el 1,1%. Se reafirmó el respeto por la propiedad privada y la santidad de los contratos, condiciones indispensables para recuperar la confianza y transformar el ahorro en inversión. Se avanzó en la apertura y la integración al mundo, con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reducción de barreras arancelarias. El programa de desregulación acumuló cientos de normas modificadas o eliminadas, con cambios relevantes en alquileres, transporte aéreo y comercio. Se aprobaron proyectos de inversión bajo el nuevo régimen de incentivos por casi 50.000 millones de dólares, se pusieron en marcha privatizaciones y se redujeron impuestos en varias categorías.
Ahora bien, reconocer la magnitud de esos logros no implica sostener que todo se haya hecho de la mejor manera. Junto a los avances, hubo errores no forzados de diseño, de secuencia y de implementación que encarecieron la transición más de lo necesario. Conviene detenerse en ellos, no para desmerecer lo alcanzado, sino porque identificarlos es la condición para corregir el rumbo. El primero de esos desaciertos fue abrir la economía con un tipo de cambio excesivamente barato. La apertura era necesaria, pero concretarla con un dólar apreciado potenció de manera innecesaria el impacto sobre la producción local, ya que abarató las importaciones y deterioró la competitividad exportadora antes de haber reducido los costos internos y sin dar a las empresas el tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas reglas.
El segundo error, estrechamente vinculado con el anterior, fue hacer descansar la desinflación en un tipo de cambio apreciado. El ancla cambiaria contribuyó a acelerar la baja de los precios, pero su uso prolongado generó una apreciación real creciente que fue minando la competitividad. A ello se suma un tercer desacierto, la ausencia de un plan integral de estabilización capaz de llevar la inflación a un dígito anual. El ancla fiscal, la política monetaria restrictiva y el dólar apreciado fueron fundamentales para bajar drásticamente la inflación, pero no alcanzan para quebrar su componente inercial. Faltaron instrumentos específicos de desindexación y un régimen monetario capaz de anclar las expectativas, de modo que el esfuerzo por seguir bajando los precios recae cada vez más sobre una política macroeconómica restrictiva que deprime la demanda interna más de lo necesario.
El cuarto error fue subestimar la importancia de la recuperación económica y los costos de la transición. No se dimensionó adecuadamente el impacto del ajuste sobre los sectores más golpeados, a los que no se les dio tiempo ni apoyo para adaptarse. Y aquí aparece un dato especialmente elocuente, porque ninguna reforma estructural rinde frutos en una economía que no crece. La reforma laboral, por ejemplo, mejoró las reglas y los incentivos, pero si de manera simultánea se perdieron 130.000 puestos de trabajo formales en el último año, sus beneficios difícilmente resulten visibles.
El quinto desacierto es más sutil pero no menos relevante, y consiste en haber reducido el gasto sin reformar verdaderamente el Estado. Bajar unos cinco puntos del producto fue un logro extraordinario, pero achicar el Estado no es lo mismo que reformarlo, y faltó una transformación más profunda orientada a mejorar su eficiencia y a elevar la calidad del gasto.
El sexto y último error remite a la secuencia de las reformas. La apertura avanzó antes de que se hubiera reducido lo suficiente el costo argentino, cuando la reforma tributaria, la eliminación de los impuestos más distorsivos y la mejora de la infraestructura y la logística deberían haberse encarado antes o, al menos, de manera simultánea. El orden en que se despliegan las transformaciones no es un detalle técnico, sino que determina en buena medida quiénes soportan los costos del proceso y con qué intensidad. Una secuencia mal diseñada puede volver innecesariamente dolorosa una transición que, de otro modo, habría sido más llevadera.
La conclusión que se desprende de este balance es matizada y, por eso mismo, valiosa. El cambio de régimen era imprescindible y sus avances son genuinos y de enorme trascendencia, al punto de que el país abandonó el financiamiento monetario del déficit y recuperó reglas básicas de funcionamiento que había perdido. Pero la forma en que se implementó dejó costos evitables que hoy pesan sobre la actividad, el empleo y los ingresos. Mirar esos errores con honestidad no supone añorar el pasado ni cuestionar el rumbo, sino todo lo contrario, porque es precisamente la manera de consolidar la transformación y de evitar que los costos de la transición terminen erosionando el respaldo social que cualquier programa necesita para sostenerse en el tiempo.