El gobierno presentó el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto tiene varias falencias que denotan que no se tomaron en cuenta las enseñanzas del pasado. Se quiere volver al formato de Banco Central de los ’90 sin tomar los recaudos para que no vuelva a suceder lo del 2012 cuando se eliminó la independencia y se dio libertad a la emisión inflacionaria.
El núcleo del proyecto es prohibir por todos los medios que el Banco Central le preste plata al Tesoro. Esto se hace con la prohibición absoluta de préstamos a la Nación, provincias y municipios; prohibición de comprar títulos públicos en el mercado primario; se deroga el régimen de reserva de libre disponibilidad que desde el 2012 el Tesoro lo usaba para colocarle letras intransferibles al Banco Central y se le prohíbe adelantar fondos para el servicio de deuda pública por cuenta y orden del Tesoro. Hasta aquí, todo bien.
La independencia se la da en que al directorio solo lo puede remover el Congreso con aprobación de ambas cámaras con mayoría agravada de 2/3 de los votos presentes. Aquí comienzan los problemas.
Lo que debe ser por mayoría agravada, incluso no por 2/3 de los votos presentes sino por 2/3 del total de los votos, es la modificación de la Carta Orgánica. Porque si vuelve un gobierno populista y quiere remover el directorio para volver a emitir no le hace falta 2/3. Con mayoría simple cambia la ley y listo. Con la fórmula elegida por el gobierno la independencia del Banco Central y la prohibición de prestarle al Tesoro es muy frágil. Esto no contribuye a generar credibilidad en la moneda.
Lo que tampoco genera credibilidad en el valor de la moneda es que no establece fuertes sanciones penales para los directores que con algún intersticio legal terminen financiando por vía indirecta al Tesoro. Tampoco prohíbe con fuertes sanciones penales al funcionario del Banco Central que establezca control de capitales, tipos de cambios múltiples o cualquier otro mecanismo legal por el que el Banco Central estipule valores del dólar diferentes al de mercado. O sea, hay que establecer la prohibición con sanciones penales a cualquier tipo de cepo cambiario.
Porque la gente no es que compra dólares solamente para cuidarse de la inflación (que es lo que se quiere evitar con la prohibición de emitir para prestarle al Tesoro). La gente también se refugia en el «dólar-colchón» cuando sospecha que se viene algún tipo de prohibición de comprar y vender dólares oficiales en el mercado. Por esta razón tiene que estar prohibido y fuertemente penado prestarle al Tesoro y también poner cepos cambiarios.
Por estas razones el proyecto de ley es muy débil y no va a generar la confianza que debería en el peso argentino para que la gente vuelva a ahorrar y transaccionar con su moneda nacional.
Siendo así, la tasa de interés tendrá que seguir siendo alta para que los inversores no se dolaricen, minimizando las chances de reactivar la economía.
La otra dimensión, aunque no corresponde a la Carta Orgánica, pero que es esencial para que la independencia del Banco Central sea sustentable es crear las condiciones propicias para que haya equilibrio fiscal tanto nacional como provincial. Porque si las provincias entran en déficit no financiable con deuda en el mercado financiero van a aplicar una fuerte presión sobre el Congreso para cambiar la ley de Carta Orgánica y volver a la emisión.
Si bien el gobierno nacional tiene un fuerte compromiso con el equilibrio fiscal, en las provincias el panorama es diferente. En el 2023, el consolidado de las 24 provincias arrojó superávit primario con déficit financiero. En el 2024, con el golpe inflacionario que permitió ganar recaudación nominal y licuar gasto público pasaron a mostrar superávit primario y financiero. En el 2025, con baja inflación, el gasto público provincial subió más que los ingresos por lo que entraron en déficit primario y financiero.
Las provincias con déficit son 14 o sea mayoría en el Senado y la provincia que representa la mitad de los déficit provinciales es la Buenos Aires o sea un cuarto de los diputados pero con los diputados de las otras 13 provincias deficitarias se llega a la mayoría.
Con esta situación fiscal de la mayoría de las provincias, una ley que prohíbe prestarle al Tesoro que puede cambiarse con mayoría simple en el Congreso es muy vulnerable.
Por eso, hay que establecer que el cambio de la Carta Orgánica requiera mayoría de 2/3 de los votos y abordar un nuevo acuerdo de coordinación fiscal de la Nación con las provincias para encauzar las cuentas públicas provinciales, antes de que el mercado financiero le diga basta a las deudas provinciales. Porque si esto sucede, las provincias van a pedir por aclamación que vuelva la inflación. Y lo van a lograr.