El gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que modifica de manera sustancial la actual Carta Orgánica del Banco Central.
La iniciativa del oficialismo no solo busca terminar con la utilización de la emisión monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro, sino que procura fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria, exigiendo un procedimiento similar al del juicio político para la remoción de los integrantes del directorio del Banco Central.
Dado el prontuario de la Argentina en materia inflacionaria, la reforma es ciertamente positiva.
Durante la convertibilidad la posibilidad de financiar al Tesoro por la vía de la emisión estuvo prohibida.
Tras el colapso de la convertibilidad, la Carta Orgánica del Banco Central fue reformada rehabilitando esta fuente de financiamiento, aunque con ciertos límites. Estos límites fueron ampliados por la reforma de 2012.
Pero, incluso antes de ésta, el kirchnerismo ya había convertido al Banco Central en la principal fuente de financiamiento del Tesoro apelando a la emisión, por la vía de adelantos transitorios o de transferencia de utilidades, para cubrir gastos en pesos; y mediante la apropiación de las reservas para el pago de deuda en moneda extranjera.
Esto último comenzó en diciembre de 2005 cuando se anunció el pago total de la deuda que la Argentina mantenía entonces con el FMI. En un principio el uso de reservas entregando contrapartida una letra intransferible a 10 años al Banco Central, se limitó a los pagos de deuda con organismos multilaterales de crédito.
Pero a partir de 2010, con la creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino, la utilización de las reservas se extendió a todos los pagos de deuda en divisas, tanto con instituciones financieras internacionales como con acreedores privados.
El uso del Banco Central como principal fuente de financiamiento es el responsable solo de la larga crisis inflacionaria que, en cámara lenta primero, muchos más rápido después, sufrió Argentina a partir de 2005. La falta de autonomía de la entidad monetaria fue la condición permisiva para que ello tuviera lugar.
Es por todo ello que es positivo el énfasis que hace el borrador presentado por el gobierno en fortalecer la autonomía de las autoridades del Banco Central respecto del poder político, autonomía, que huelga decir, que hoy también está ausente.
Así y todo, tanto la autonomía del BCRA -incluso si el proyecto aprobado tuviera condiciones menos exigentes que las requeridas por el juicio político- como casi todo el resto de las reformas que ha implementado el gobierno de Javier Milei, quedará en un terreno endeble, si no se modifica la regulación actual del proceso de revisión por parte del Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia. De acuerdo a la ley 26.122, elaborada por la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner, un DNU queda firme en la medida que no sea expresamente rechazado por ambas cámaras del Congreso.
En los hechos, ello quiere decir que salvo las 4 materias vedadas por la Constitución -impuestos, legislación penal, electoral y de partidos políticos- el presidente puede legislar por decreto si cuenta al menos con apoyo en una Cámara del Congreso. La ley 26.122 no fija plazo para que las cámaras se expidan acerca de la validez de un DNU, otro factor que inclina la cancha en favor del Poder Ejecutivo.
¿Por qué es importante esto? El gobierno puede lograr que se apruebe una ley exigiendo mayores requisitos para desplazar a las autoridades del Banco Central. Pero una futura administración podría a través de un DNU derogar esta reforma, retornando al procedimiento hoy vigente, que solo requiere un dictamen previo no vinculante de una comisión bicameral del Congreso para remover a los directores de la autoridad monetaria.
Si realmente se busca fortalecer la autonomía del Banco Central e, incluso más, si se busca brindar una mayor seguridad jurídica con el fin de promover la inversión, lo mejor que podría hacer el gobierno es enviar un proyecto al Congreso endureciendo el proceso de revisión de los DNU.
En tanto esta legislación siga vigente, cualquier política pública, independientemente de su orientación ideológica, estará siempre a tiro de DNU.