La carrera por quedarse con AySA entró en su etapa decisiva. Después de un proceso que inicialmente despertó el interés de 17 grupos, solo dos consorcios presentaron ofertas técnicas para adquirir el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.
De un lado quedó el grupo encabezado por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio. Del otro, una sociedad liderada por Rowing, la compañía fundada por Walter Román, junto con Transclor, del empresario Mauricio Filiberti, Arcos Saneamento e Participações y PHX.
AySA es una de las mayores empresas de servicios públicos del país: abastece de agua potable y saneamiento a 3,8 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El 10% restante de las acciones continuará bajo el programa de propiedad participada de los trabajadores.
Qué está en juego en la privatización de AySALa licitación todavía no tiene ganador. Una comisión evaluadora deberá analizar la documentación legal, técnica, económica y financiera presentada por ambos grupos. Solo quienes superen esa instancia podrán participar de la apertura de las ofertas económicas.
Entre los principales puntos del proceso aparecen:
90% de AySA en manos del Estado está en venta.El futuro concesionario tendrá un contrato por 30 años, prorrogable por otros diez.Deberá afrontar alrededor de US$ 2.000 millones de inversiones durante los primeros cinco años.El Gobierno pretende que el nuevo operador asuma antes de fin de año, aunque el cronograma dependerá de la evaluación y de posibles impugnaciones.Roggio apuesta por su experiencia en agua y servicios públicosEl primer consorcio está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., una sociedad creada por el Grupo Roggio para canalizar inversiones relacionadas con agua y saneamiento. La propuesta incluye además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
La principal carta del grupo es Aguas Cordobesas, que opera el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. Para reforzar su experiencia en saneamiento, la propuesta incorporó a Hidrosan Capital, vinculada al negocio de Aguas de Corrientes, de la familia Chamas. Como asesores técnicos aparecen también la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.
Roggio cuenta además con una larga trayectoria en servicios públicos. A través de Emova Movilidad opera la red de subtes y el Premetro porteño, mientras que Metrovías mantiene la operación del ferrocarril Urquiza. Central Buen Ayre, por su parte, genera electricidad mediante el aprovechamiento del biogás captado en el relleno sanitario Norte III.
El antecedente de Aldo Roggio en la causa CuadernosUno de los antecedentes judiciales relacionados con el grupo involucra a Aldo Roggio, quien en 2018 se acogió al régimen de imputado colaborador en la causa Cuadernos. Actualmente está alejado de los negocios: en 2019 transfirió sus acciones a sus tres hijos y, según la información disponible, desde entonces no participa de las decisiones operativas ni es accionista de las compañías del conglomerado.
En su declaración judicial, Roggio reconoció que Metrovías realizó pagos periódicos en efectivo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios que recibía la compañía. Según su relato, el mecanismo comenzó en 2003 y continuó hasta 2011. Sostuvo que los pagos eran exigidos para mantener las concesiones del subte y del ferrocarril Urquiza y que provenían del margen de rentabilidad de la empresa luego de cubrir sus costos.
La declaración permitió ampliar la investigación sobre presuntos retornos relacionados con los subsidios al transporte. La condición de imputado colaborador implica haber aportado información a la investigación, pero no equivale por sí misma a una sentencia firme.
Román y Filiberti, el otro grupo que va por AySAEnfrente aparece el consorcio encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales fundada por Walter Román. La compañía integra el Grupo Román, con negocios en infraestructura, logística, servicios postales, salud y ambiente.
Uno de sus principales socios es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, empresa que desde 2009 provee a AySA policloruro de aluminio, un insumo utilizado para potabilizar el agua. Si el consorcio resulta elegido, Transclor pasaría así de ser proveedor a formar parte del grupo controlador de la compañía.
Filiberti también participa en el control de Edenor, que tiene a AySA entre sus grandes clientes por el elevado consumo eléctrico de sus operaciones. Además, el empresario amplió recientemente su presencia en los servicios públicos con la adquisición del control de Metrogas junto con sus socios.
El respaldo internacional del consorcio llega de la mano de Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil y operadora de Águas do Rio, concesionaria de agua y cloacas en Río de Janeiro. Esa compañía fue presentada como operador técnico para acreditar la experiencia requerida por el pliego. El grupo se completa con PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
Así, la pelea por AySA enfrenta dos estructuras diferentes: Roggio apuesta por su trayectoria local en agua y servicios públicos, mientras que el bloque de Román y Filiberti combina ingeniería, un proveedor estratégico de AySA y experiencia internacional en saneamiento. El próximo filtro será técnico y financiero; después llegará la apertura de las ofertas económicas, donde el precio ofrecido por el 90% de las acciones será determinante.