Un problema histórico en la Argentina es que los servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, están regulados, financiados y gestionados por el Estado nacional.
Esto es una gran distorsión fiscal porque implica que el Estado nacional se hace cargo –con recursos de todos los argentinos– de los servicios que en las provincias están a cargo de los Estados provinciales. De esta forma, los ciudadanos de las provincias del interior tienen que financiar los servicios públicos de su propia provincia y los del AMBA.
Esta distorsión es histórica porque viene derivada de la responsabilidad que el Estado nacional tenía sobre los servicios de la Capital Federal. Cuando la capital deviene en ciudad autónoma y pasa a ser CABA corresponde que los servicios públicos de CABA pasen a ser regulados, financiados y gestionado por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y los de los partidos del conurbano por la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió muy parcialmente (el Estado nacional transfirió los subtes y la policía a CABA) manteniéndose la inequidad del Estado nacional haciéndose cargo del resto de los servicios públicos del AMBA.
El mejor ejemplo de esta inequidad es lo que sucedió con AySA.
La cobertura de agua y saneamiento público en Argentina es muy deficiente. Sólo el 85% de los hogares tiene agua de red y el 61% tiene cloacas. El resto se provee de agua de pozo y utiliza cámaras sépticas para el tratamiento de los desagües cloacales. Además de baja cobertura, hay situaciones muy dispares. En CABA, la cobertura de ambos servicios es casi del 100%, mientras que en el Conurbano es de 73% y 55%, respectivamente. En el interior la situación es intermedia con 89% de agua y 59% de cloacas. Aunque en el NEA la cobertura de agua de red es de 82% y de cloacas de 41% de los hogares.
En 1993 se privatizó el servicio de saneamiento del AMBA y en el 2006 se volvió a estatizar creando la empresa AySA. En los 20 años de vida de la estatal AYSA, la Nación manipuló las tarifas de agua y cloacas y cubrió los déficits de la empresa con subsidios nacionales. Es decir, con recursos que aportan los habitantes de todo el país se financió el servicio de los habitantes de CABA y el conurbano.
Fruto de esta manipulación de la tarifa a favor del AMBA, entre el 2006 y el 2025 el Estado nacional transfirió subsidios a AySA por un total del 2% del PBI. En el mismo período las provincias y los municipios del interior asignaron a los servicios propios de agua de red y cloacas un total de 5,8% del PBI. Es decir, el Estado nacional transfirió a AySA en los 20 años de estatización el 35% de lo que las provincias y municipios del interior asignaron a la misma finalidad para sus territorios.
Aquí se ve con claridad que el Estado nacional, al estar a cargo de AySA, obligó a los habitantes del interior del país a financiar los servicios de agua y cloacas del AMBA. Es decir, quienes viven en el interior tienen que financiar, no solo el costo de los servicios propios, sino también parte del costo de los servicios provistos por la Nación al AMBA.
Este doble esfuerzo es particularmente irritante cuando se considera que con fondos nacionales se subsidió a los habitantes de CABA que es la región con ingresos más alto del país y que tiene 100% de cobertura en ambos servicios. Incluso es también muy injusto que solo el conurbano haya recibido subsidios nacionales cuando en muchas regiones del interior, como el NEA, la pobreza y los déficits de agua y saneamiento son peores que en el conurbano. También irrita de que el conurbano, a pesar de todos los subsidios recibidos, no mejoró su cobertura de agua y saneamiento.
Todo esto alerta de que la privatización es una medida necesaria para mejorar la eficiencia de la empresa y dejar de hacer pagar al resto de los habitantes del país los servicios del AMBA. Sin embargo, se queda a mitad de camino porque mantiene la responsabilidad de regular y controlar el servicio a cargo del Estado nacional. Aquí cabe enfatizar que, además de privatizar, el Estado nacional tiene que transferir a los gobiernos de CABA y de la Provincia de Buenos Aires la regulación y el control del servicio de AySA en el AMBA.
En el mismo sentido, el Estado nacional debería transferir a CABA y la Provincia de Buenos Aires la regulación y gestión del servicio de distribución de electricidad, del transporte público urbano de pasajeros, los hospitales públicos nacionales en el AMBA y toda otra función que en el resto de las provincias lo están asumiendo las propias provincias.
Esta es la única manera de que los habitantes de CABA y el conurbano dejen de vivir a expensas del interior del país.