Uno de los pocos consensos de los últimos años a uno y a otro lado de la grieta es que la decisión de duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) al inicio de la gestión fue una de las medidas más razonables del gobierno de Javier Milei. A contramano de la motosierra que recortó el gasto público por el equivalente al 5% del PBI, el gobierno no solo otorgó en enero de 2024 un incremento extraordinario de los montos de la asignación, sino que a partir de abril de ese año fijó su actualización mensual en base a la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que sigue el ritmo de la inflación.
Esa decisión permitió, al menos, moderar los impactos en los estratos socioeconómicos más bajos de la fortísima alza del precio de los alimentos registrada tras la mega devaluación de fines de 2023. Sin embargo, a diferencia de lo que suele esgrimir el gobierno, esa foto inicial de la AUH está muy lejos de reflejar cuál ha sido la evolución de toda la ayuda social en lo que va de la gestión libertaria.
Aún con el aumento de la AUH y, en menor medida, de la Tarjeta Alimentar, los fuertes recortes en el resto de los programas, como el Progresar y el ex Potenciar Trabajo, dan como resultado una caída de la ayuda social a los segmentos más necesitados desde fines de 2023. Según un estudio de la institución universitaria jesuita Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), mientras en el cuarto trimestre de 2023 el 27,4% de los hogares percibía al menos un componente de ayuda social directa y urgente, esa cobertura cayó al 22,7% de los hogares en el último trimestre del año pasado.
«Hay una cobertura algo más baja como resultado de un reacomodamiento de las transferencias que reciben los hogares: es verdad que la AUH y la Tarjeta Alimentar mantuvieron su alcance y aumentaron su valor real, pero hay otra parte de los programas que el gobierno recortó o congeló», dijo a El Economista el sociólogo e investigador del CONICET Santiago Poy, vicerrector de investigación del CIAS. «En el caso del plan Progresar, que le permite a jóvenes acceder a una beca económica para seguir estudiando, la cobertura de beneficiarios prácticamente se redujo a la mitad, y en el ex Potenciar Trabajo, el monto permanece sin variaciones desde noviembre de 2023», agregó.
Además de la reducción en el número de familias cubiertas, la caída también se refleja en los montos. «En el primer año de Milei la inversión social bajó 14%, lo que representa el ajuste de ayuda social más grande del siglo XXI sacando la contracción post pandemia por la retirada del ATP y del IFE», dijo a El Economista Andrés Schipani, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. «En 2025, la inversión social subió un punto, con lo que en los primeros dos años del gobierno de Milei la caída fue del orden del 13%», agregó.
Sectores a la intemperieLas variaciones, tanto en los montos como en los alcances de la ayuda social, registradas en los últimos tres años vienen disparando múltiples efectos. Por un lado, el incremento del valor real de la AUH, sumado a la ampliación del límite de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar de los 14 a los 17 años y al aumento de las partidas destinadas al Plan de los 1.000 Días, mantuvo la asistencia brindada a los hogares con niños.
No obstante, la concentración de la ayuda social en la AUH, un beneficio que perciben solo los trabajadores no registrados, personal doméstico y monotributistas sociales, viene excluyendo a otros sectores sociales con necesidades crecientes. Por caso, esa asignación no llega a los trabajadores formales, un segmento en el que ya el 20% percibe ingresos por debajo de la línea de la pobreza. «Ese sector quedó completamente a la intemperie en término de prestaciones porque el gobierno prácticamente licuó las asignaciones familiares», dijo Poy. «Eso da como resultado que un trabajador formal que gana $ 1.600.000 -un salario que está en la línea de pobreza para un hogar de cuatro miembros- esté cobrando por asignaciones familiares unos $ 60.000, mientras un informal pobre esté cobrando más de $ 400.000 por transferencias todos los meses; quizás el gobierno tenía la hipótesis de que los salarios formales iban a recuperarse, pero eso no está ocurriendo y, de hecho, el programa económico funciona con la lógica de un ancla salarial», añadió.
El problema se produce además en un mercado laboral donde el empleo formal viene cayendo desde hace más de un año y la informalidad alcanzó al 44,2% de los trabajadores.
Otro de los segmentos claramente afectados por el cambio en el foco de la política social es el que está conformado por los hogares con jóvenes de 18 a 24 años. El gobierno recortó drásticamente los alcances del plan Progresar, una beca destinada a acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios y formación profesional. Además de que los montos se mantienen estancados en $ 35.000 desde el comienzo del gobierno libertario, también en esta gestión se redujo el número de beneficiaros a la mitad. Con ese tijeretazo, cerca de 900.000 personas dejaron de percibir ese beneficio.
En paralelo, el gobierno eliminó el programa Potenciar Trabajo, que apuntaba principalmente a trabajadores no registrados, monotributistas sociales, personas mayores de 50 años y mujeres con cuatro hijos o más, y lo dividió en otros dos: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. El primero terminó siendo discontinuado y dejó a mediados de este año sin el pago mensual a más de 900.000 beneficiarios. En tanto, el Programa de Acompañamiento Social (PAS) sigue vigente y alcanza a cerca de 300.000 personas, pero el beneficio de $ 78.000 no ha tenido ningún ajuste desde noviembre de 2023.
El cambio de foco de la ayuda social deriva en dos realidades contrapuestas: mientras entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la cobertura con ayuda social directa y urgente de los hogares con niños y adolescentes de hasta 17 años se mantuvo relativamente estable (pasó del 43,7% al 38,6%), la de hogares sin menores y con jóvenes de 18 a 24 años se desplomó de 33,3% a 16,9%, según el CIAS.
Recortes a destiempoEn un contexto en que la desaceleración de la inflación ya parece haber entregado todo lo que podía dar en términos de disminución de los niveles de pobreza, la reducción tanto de la inversión social como del número de hogares con alguna cobertura parece adquirir una dimensión distinta a la de los dos primeros años del gobierno libertario. Si bien la baja de la inflación y el foco puesto en la infancia permitió, en una primera etapa, amortiguar los efectos sociales del severo ajuste fiscal y monetario, ese sesgo tan marcado de la política social parece volverse insuficiente ahora, en medio de un mercado laboral estancado y niveles de inflación que se resisten a seguir cayendo.
«La menor cobertura en los hogares con jóvenes es un problema central: en los barrios, muchos jóvenes se están cayendo de la escuela, en muchos casos están inscriptos formalmente pero no van y son barrios donde no hay muchas oportunidades de trabajo formal», dijo Schipani. «Entonces, una herramienta clave para sacarlos de esa situación es la escuela, pero si se paga por el Progresar $ 35.000 por mes, muy difícilmente se ayude a esos jóvenes a estudiar, y esa ayuda es fundamental: 6 de cada 10 jóvenes no terminan el secundario porque tienen que cuidar de sus hermanitos menores o salir a trabajar, según una encuesta que hizo el CIAS», agregó.
La insuficiencia de la ayuda social hacia los hogares con jóvenes no solo está derivando en un incremento de la intermitencia escolar, sino que reduce drásticamente las oportunidades para que estos jóvenes puedan estudiar una tecnicatura, una carrera terciaria o ir a la universidad, herramientas claves para que puedan insertarse con mejores condiciones a un mercado de trabajo cada vez más hostil.
Hacia adelante, nada indica que esos baches de la ayuda social vayan a ser cubiertos. De hecho, hay riesgos de que se desanden algunos de los pasos dados en la cobertura a los hogares con niños. El artículo 17 del proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno abre la puerta para derogar la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares, incluida la AUH. La propuesta no incluye un nuevo método de actualización, por lo que la decisión quedaría en manos del gobierno.
«El tema no pasa tanto por los alcances de la cobertura, sino por que se mantengan los niveles de ingresos: si la AUH pierde poder adquisitivo y la Tarjeta Alimentar se licúa, eso va a aumentar la pobreza», dijo Poy. «En todo caso, lo que más va a determinar que la pobreza suba o baje en los próximos semestres son los shocks de precios -no hay que descartarlos en un escenario que se está poniendo muy volátil- y los salarios; si no se encuentra una ecuación en que la economía y los salarios -los de más abajo, no únicamente los del personal calificado- crezcan, van a continuar estos altos niveles de pobreza, que ya son un piso desde la crisis de 2018».