Existe en la Argentina un obstáculo tributario tan enraizado que casi se ha vuelto invisible, pese al enorme daño que provoca sobre la producción. Se trata de la superposición desordenada de impuestos que gravan las ventas en los tres niveles de gobierno. La Nación cobra el impuesto al valor agregado, las provincias aplican Ingresos Brutos y los municipios suman sus tasas. El resultado es una maraña de tributos que se acumulan de manera anárquica sobre una misma operación, generando una carga burocrática descomunal y una profunda inseguridad jurídica para quien produce.
Ingresos Brutos y tasas municipales: el laberinto tributario que castiga a las empresas
Algunos casos recientes ilustran hasta qué punto ese desorden puede volverse absurdo. Una yerbatera correntina llevó su reclamo hasta la Corte Suprema para cuestionar que una provincia vecina le retuviera pagos adelantados de Ingresos Brutos equivalentes a más de tres siglos del monto anual que efectivamente le corresponde tributar. En paralelo, fabricantes de medicamentos denunciaron que un municipio pretendía cobrarles una tasa pese a no tener allí ni local ni empleados, una situación que también padeció una empresa del sector energético con otra comuna. Son apenas los casos que trascienden, porque solo unos pocos contribuyentes disponen de la paciencia y la espalda financiera para litigar hasta las últimas instancias contra este tipo de arbitrariedades. La inmensa mayoría, sencillamente, las absorbe como un costo más.
El problema de fondo no es solo la cantidad de impuestos, sino su calidad. Ingresos Brutos y las tasas municipales son tributos rudimentarios que distorsionan el funcionamiento de la economía, porque se aplican en cascada sobre cada etapa de la cadena productiva y encarecen artificialmente el producto final. A ello se suma el costo de administrar tres sistemas tributarios distintos, con sus respectivos regímenes de retención, percepción y fiscalización, lo que obliga a las empresas a destinar una porción considerable de sus recursos a lidiar con trámites en lugar de producir. Desde la perspectiva del Estado, esa complejidad exagera la carga sobre las administraciones tributarias y contribuye a los altísimos niveles de evasión.
La reforma tributaria de Brasil que Argentina mira de cerca
Frente a este panorama, varios países de estructura federal buscaron la manera de ordenar el caos, unificando en el impuesto al valor agregado los demás gravámenes sobre las ventas. Los ejemplos más recientes son los de la India y, más cerca nuestro, el de Brasil. El caso brasileño resulta particularmente relevante para la Argentina, no solo por la proximidad geográfica y la similitud del problema, sino porque se trata de nuestro principal socio comercial, lo que agrega una presión competitiva directa. Si Brasil ordena su esquema tributario y gana competitividad, la Argentina no puede permitirse quedar rezagada con un sistema que penaliza a su propia producción.
Lo más interesante de la experiencia brasileña es que su impacto fue cuantificado por diversos estudios, y las estimaciones resultan contundentes. El Fondo Monetario Internacional calcula que la reforma tendría un efecto expansivo sobre el producto de entre el 6% y el 11%. Un centro de estudios fiscales de ese país ubica el impacto en un rango de entre el 4% y el 12% del producto. Y otra investigación del mismo centro proyecta una mejora del 1,2% del producto por año a lo largo de quince años, lo que arrojaría un impacto positivo acumulado cercano al 20% del producto. Más allá de las diferencias metodológicas, todas las estimaciones coinciden en una misma dirección, la de que ordenar el laberinto de impuestos a las ventas genera ganancias sustanciales de crecimiento.
Por qué una reforma tributaria no necesita esperar una baja del gasto público
De esa experiencia se desprende una lección que conviene subrayar, porque desarma una objeción habitual. No es necesario ni recomendable supeditar la reforma tributaria a una baja previa del gasto público. Recaudar lo mismo, pero con un impuesto de mejor calidad, ya genera por sí solo enormes beneficios. La razón es que el solapamiento actual de los tres tributos obliga a las empresas a desviar recursos hacia procedimientos burocráticos y muchas veces arbitrarios, lo que se traduce en menor competitividad, desaliento a la inversión y una asignación ineficiente de los factores productivos. Corregir esa complejidad no requiere tocar el nivel de gasto, sino simplemente mejorar el diseño del tributo.
Un IVA integrador para reemplazar Ingresos Brutos y tasas municipales
Habría que alcanzar un acuerdo de coordinación entre la Nación y las provincias, y de estas con sus municipios, para crear un impuesto al valor agregado integrador que absorba a Ingresos Brutos y a las tasas municipales sobre las ventas. Con ese único gravamen se generarían los recursos suficientes para compensar la eliminación de los tributos provinciales y municipales. Su alícuota resultaría superior al 21% actual del valor agregado, pero inferior a la suma de las tres alícuotas que hoy se pagan de manera acumulada, ya que la unificación y la mayor simplicidad reducen la evasión y amplían la base imponible.
Conviene ser preciso sobre los alcances en su etapa inicial, para no generar expectativas equivocadas. En un primer momento, este esquema integrador no reduciría la presión tributaria, sino que la mantendría constante mientras baja de manera drástica los costos administrativos y la inseguridad jurídica. Ese solo cambio ya provocaría un salto de competitividad de magnitud. La reducción de la carga vendría después, de forma gradual, a medida que la austeridad fiscal rinda frutos y que las provincias logren descomprimir su gasto. En otras palabras, primero se ordena y se simplifica, y solo entonces, sobre esa base más sólida, se avanza en el alivio impositivo. El orden precede a la baja, y no al revés.
El desafío de Argentina: simplificar impuestos para recuperar competitividad
La conclusión es que la Argentina tiene ante sí una oportunidad concreta y validada por la experiencia comparada. La reforma brasileña demuestra que recaudar lo mismo con un impuesto de mejor calidad es políticamente viable y económicamente muy provechoso. Ordenar la superposición de gravámenes sobre las ventas no exige el sacrificio previo de bajar el gasto, sino apenas la voluntad política de coordinar a los tres niveles de gobierno en torno a un tributo más simple y eficiente. En un país que necesita con urgencia dinamizar su economía y recuperar competitividad, desaprovechar una herramienta de semejante potencial, y de un costo fiscal tan acotado, sería una omisión difícil de justificar.