El Gobierno socialista decidió estatizar una participación adicional del 10% del paquete accionario de la compañía, abonando un valor de 2.000 millones de euros. Con esta maniobra, el Estado vuelve a convertirse en su principal accionista, revirtiendo las reformas de Felipe González y José María Aznar.
El presidente izquierdista Pedro Sánchez anunció la estatización de la reconocida empresa Telefónica, una de las multinacionales más importantes de España. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo del “Estado empresario” en el país, se quedará con un 10% adicional del paquete accionario de la compañía abonando una suma de 2.000 millones de euros.
Esta medida se adoptó en respuesta al incremento en la participación accionaria de la operadora estatal saudí STS, que decidió comprar un primer paquete por el 4,9% del total, y más tarde desembarcó con ofertas para adquirir otro 5% adicional.
El Gobierno de Pedro Sánchez permite el ingreso al país de miles de migrantes ilegales que suponen una amenaza para la seguridad de España, y al mismo tiempo condena ferozmente la llegada de inversores.
A partir de esta operación, el Estado español se queda nuevamente con la participación mayoritaria de Telefónica, superando la participación de BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y el fondo BlackRock, entre otros inversores destacados. La organización de Telefónica vuelve a los parámetros del franquismo.
El Estado se adueñó de la mayor parte de la empresa de telecomunicaciones a partir del año 1945, cuando así lo decretó el dictador Francisco Franco con la estatización del 79,6% del paquete accionario por “interés nacional”, el mismo argumento que hoy esgrime Sánchez.
La resolución de Pedro Sánchez es evidencia de la radicalización hacia la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que el presidente socialista y pragmático Felipe González inició una oleada de privatizaciones en la década de 1990, entre las cuales se comprendió la venta de acciones por Telefónica.
De hecho, el Gobierno de González llegó a vender la participación accionaria total o parcial de hasta 20 empresas estatales entre 1985 y 1995, incluyendo el gas natural, la distribución de energía eléctrica, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo y la famosa empresa Repsol, entre muchas otras.
Más tarde, el presidente José María Aznar continuó la labor de privatización que había comenzado su predecesor, y a partir del año 1999 el Estado español abandonó completamente el control de la empresa de telecomunicaciones.
La resolución de Sánchez es similar a la de los Gobiernos socialistas de América Latina durante la primera década del siglo, y pone en peligro la confianza en la seguridad jurídica del país, especialmente para los inversores extranjeros.