Se halló la incompatibilidad de analizar los beneficiarios de diez provincias, y se esperan encontrar más de 20.000 luego de la auditoría completa. Los tres ministros de Alberto, Emilio Pérsico y los gobernadores estarían implicados.
Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni este martes, el Gobierno de Javier Milei descubrió 8.538 planes sociales, del programa Potenciar Trabajo, que se están entregando a empleados públicos de diez provincias, lo cual presenta una severa incompatibilidad.
Estos planes son repartidos por el Movimiento Evita, a través de un acuerdo al que llegó Alberto Fernández, que generaban una erogación anual de más de $7.000 millones de pesos. La masiva caja pasaba por las manos de Emilio Pérsico, quien ocupaba el cargo de Subsecretario de Promoción de la Economía Social.
Tras el hallazgo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja esos miles de planes, mientras que el fiscal federal Guillermo Marijuan inició acciones legales contra estas personas que, no solo perderán el plan, si no que deberán pagar en la Justicia por el delito cometido.
La “super-ministra” encargada de la cuestión social del Gobierno de Milei ordenó una “auditoría de cero” de todos los planes sociales, para saber dónde está parada, ya que la información que dejó el kirchnerismo comprobó ser escasa, y poco confiable.
Por su parte, Marijuan actuó de oficio estando al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, pero la investigación comenzó durante el propio gobierno de Alberto Fernández, antes de las elecciones que definieron el triunfo del libertario.
Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron, y de la cruza de datos se comprobó la existencia de estos 8.538 beneficiarios ilegales. Las otras provincias fueron intimadas por segunda vez por la fiscalía.
En su investigación preliminar, el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”, y también acusa a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Según Marijuan, no fue culpa solamente de los ministros de Desarrollo Social de Alberto, Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz; si no que también de Emilio Pérsico y de los gobernadores de las provincias implicadas.
El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja con 1.060; Jujuy con 652; Corrientes con 518; Salta con 434; Río Negro con 198; Córdoba con 194; Formosa con 180; y Santa Cruz con 128.