El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, resolvió congelar las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan cometido delitos definidos como ¨terrorismo¨ y que se encuentren en condición de prófugos. Lo hizo a través de la aplicación del artículo 6 de la Ley 26.734, más conocida como Ley Antiterrorista.
Según comunicaron desde la entidad, la iniciativa permitió formalizar dos detenciones a hombres perseguidos por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ambas capturas se suman a la del exmarino Jorge Vildoza, en agosto pasado, a quien la UIF llevó como ¨caso testigo¨ de la aplicación de la ley antiterrorismo a la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Ley Antiterrorista generó numerosos cuestionamientos desde su aprobación. Varios referentes de derechos humanos, así como movimientos y organizaciones sociales se vieron amenazados por la iniciativa y denunciaron que no solo la normativa autoriza el relevo de información sobre las personas sino que además sirve para ¨perseguir a los opositores¨. En este sentido, el titular de la UIF explicó que la ley será aplicada solamente contra el ¨terrorismo de Estado¨ y explicó que permite eliminar los movimientos económicos de las organizaciones y personas que se encuentran bajo sospecha.