La ministra de Seguridad, Nilda Garré, se refirió a las denuncias sobre un presunto proyecto de espionaje de Gendarmería para manifestaciones y afirmó que el Gobierno será “inflexible» si se llegara a determinar su existencia, aunque advirtió que no tomará “decisiones» antes de la evaluación informática que analizará si los registros realizados por la fuerza se limitaron o no a lo pedido por la Justicia.
A través de su cuenta de la red social Twitter, Garré anunció que, «antes de aventurar conjeturas», ordenó «una auditoría informática al Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene» y recordó que al Congreso se le «respondió sobre el tema el 23 de enero apenas requirieron informes».
“No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión”, señaló.
Al ser consultada por sus contactos en la Red, Garré anunció que no habrá conferencia de prensa por el momento y se informará más adelante, “con los resultados de la auditoría informática”.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, la cartera encargó una evaluación informática “para asegurarse que todos los proyectos de investigaciones coinciden con los requerimientos de la Justicia”, y que de no ser así y si la Gendarmería obró por fuera de la vía judicial, “se tomarán medidas disciplinarias y administrativas de manera implacable”.
El Proyecto X es un software para análisis de información criminal y es una herramienta utilizada para cargar datos de investigaciones requeridas por la Justicia, y no un programa o plan de Gendarmería, aclararon las mismas fuentes.
En tanto, explicaron que Garré intervino con expertos del Ministerio esta área de investigación, la cual está siendo sometida a una auditoría informática desde el jueves, y confiaron que, en principio, no debería haber investigaciones extra judiciales.
Finalmente, las fuentes señalaron que el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, le informó sobre el tema a la Justicia el 23 de diciembre pasado y un mes después la ministra remitió esa misma respuesta a los legisladores que habían solicitado esa información a partir de denuncias de grupos políticos involucrados.