El primer decreto que firmó Milei está respaldado por un masivo documento que le da al Gobierno amplias facultades para realizar ajustes y privatizar compañías estatales directamente desde la Jefatura de Gabinete, aunque varias aún deberán pasar por el Congreso.
En su primer día como Presidente de la Nación Argentina, el libertario Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por el cual redujo la cantidad de ministerios de 20 a 9, dejando la menor cantidad de ministerios desde 1903, durante el último gobierno de Julio Argentino Roca.
Sin embargo, la letra chica decreto estableció además una serie de facultades amplias para aplicar un ajuste de gastos desde el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso y también permitir la privatización y hasta el eventual cierre de empresas públicas.
El masivo documento que respalda el primer decreto, en concreto, reordena toda la administración pública, y asigna funciones, presupuestos, recursos humanos y materiales en la Jefatura de Gabinete, que encabezará Nicolás Posse, que tendrá amplios poderes para llevar a cabo estas reformas.
El otro ministro que mantendrá amplios poderes será Luis “Toto” Caputo, quien ocupará el Ministerio de Economía que dejó Sergio Massa. El ex ministro de Finanzas de Macri mantendrá muchos de los poderes e influencia sobre las secretarías que había capturado Massa y por lo que se lo había llamado “super-ministro“, como Hacienda, Finanzas, Comercio, Industria, Agricultura, Pesca, Ganadería, Energía, Minería, y más.
En el DNU, se le dio a Caputo el poder de “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, y en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros”.
Por su parte, a Posse se lo facultó para “intervenir, previo a la designación de los directores que actuarán en representación del Estado Nacional, en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”, como también “entender en un sistema de información que permita el seguimiento del desempeño de las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”.
Además, incorpora la posibilidad de “establecer los lineamientos e impartir las directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica con el objeto de resguardar el interés público general comprometido”.
Por último, se le asignaron nuevos poderes al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien se le dio la función de rehabilitar el sistema que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri y que la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner derogaron en su primer día: los contratos de infraestructura con Participación Público-Privada (PPP).