A través de una presentación del Ministerio de Justicia, se dio por comenzado el proceso de manera formal para sacarle las cajas de los registros automotores a la casta política.
El Gobierno de Javier Milei dio inicio este viernes a su plan para intervenir todos los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal y se lanza la campaña de eliminar los kioscos de la política.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen exactamente 1.557 registros de la propiedad automotor, para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona debajo de la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política.
Las asignaciones que recibe cada registro automotor son multimillonarias y no condicen con los gastos que tienen para el volumen de trámites que se hacen, y desde hace años que se descubrió que la mayoría de los registros están comandados por exfuncionarios, o familiares directos o indirectos de funcionarios, quienes reciben abultadas cajas a dedo que utilizan para fines propios.
Por ejemplo, en 2022, hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas. Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina, o lo que es lo mismo aproximadamente 7 trámites por día hábil.
Para este volumen de trabajo irrisorio, los registros automotores manejan cajas millonarias, con decenas de empleados y movimientos poco auditados que muchas veces se usan con fines políticos, como por ejemplo, financiación partidaria.
Una de las últimas polémicas de las que se tuvo conocimiento en este sector ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, por la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
En definitiva, son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y sin distinción de colores políticos, ya que esto ocurre desde hace décadas, en todo el país, y con nombramientos de todos los gobiernos desde 1958.
Tantas décadas de usar los registros automotores como caja política, llevó a que funcionen mal y tengan los costos más elevados del mundo. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.
Los autos de origen nacional pagan el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos.
A esto se suma el impuesto a los sellos, donde hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas que en la Ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.
Hay proyectos de ley presentadas en el Congreso, que cuentan con el respaldo tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, para eliminar completamente los registros automotores, y que las transferencias de autos sean sin transferencia de patente, por lo que no existirían más trámites, ni sellos ni libre deuda.