Las partes se podrán poner de acuerdo sobre qué divisa o instrumento utilizar como referencia para celebrar contratos. Los deudores tendrán que cancelar sus obligaciones en la moneda que pactaron, respetando los derechos de propiedad.
A partir de las más recientes medidas del Poder Ejecutivo, se abre un nuevo capítulo en el organigrama regulatorio del país. El DNU del Presidente Milei habilita la celebración de contratos en cualquier tipo de divisas o especie que se pretenda pactar, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre las partes.
Esto implica que podrán acordarse contratos en dólares, contratos en euros, en yuanes, en moneda de los distintos países de América Latina, también se incorporan las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, y se habilitan las transacciones en especie como por ejemplo en kilos de novillo o en litros de leche.
Estas últimas mediciones parecen poco habituales para los contratos convencionales, pero para el sector agropecuario son de suma utilidad, ya que se deja a un lado la incertidumbre que genera el factor inflacionario. Permite un horizonte de previsibilidad, que beneficia por igual a ambas partes de un contrato.
Cualquiera de las unidades de medida enunciadas serán legales para poder efectuar contratos, en un contexto de libre competencia con el peso que emite el Banco Central. Sin embargo, esto no implica que se haya orquestado aún una canasta de monedas propiamente dicha, ya que ninguna de las divisas referidas anteriormente puede ser usada como medio de pago para cancelar impuestos.
Por otra parte, la Canciller Diana Mondino confirmó públicamente en sus redes sociales que las obligaciones que pacten libremente los deudores deberán ser saldadas en la moneda o la unidad de cuenta en la que se hayan firmado los contratos. De otra forma, habría una virtual vulneración de los derechos de propiedad para alguna de las partes firmantes.
“Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”, resuelve el decreto de desregulación del Poder Ejecutivo.