La ofensiva del Gobierno contra ciertos medios es cada vez más fuerte. En ese contexto, los accionistas privados de Papel Prensa salieron a calificar como «una aberración moral y jurídica» la presentación oficial sobre la transferencia de la empresa, que ya recaló en la Justicia. Y aseguraron que el Gobierno busca avanzar sobre los medios que no se alinean con el discurso oficial.
Todo surgió ante una denuncia del Ejecutivo nacional frente a la Justicia, frente a la cual Clarín y La Nación -ambos diarios accionistas de Papel Prensa- acusaron al Gobierno de «criminalizar» a los directivos de ambas empresas.
«Pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia», denunciaron las dos empresas mediante un comunicado.
Los accionistas privados advirtieron que «el bastardeo de una causa como la de los Derechos Humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales-, ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales».
«Tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto», insistieron ambas empresas. «Tampoco -agregaron- nunca aparecieron cuestionamientos en las causas judiciales y administrativas llevadas adelante en democracia, tal como lo señalaron recientemente reconocidos protagonistas de esos procesos».