Un reciente trabajo de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló una preocupación sobre el futuro del trabajo y del crecimiento de las economías de los países producto del avance de la inteligencia artificial.
Según una investigación realizada por el organismo de crédito, aproximadamente el 40% de los empleos a nivel mundial están expuestos a la IA, mientras que en las economías avanzadas, esta exposición asciende a cerca del 60%.
Y no solo eso. Georgieva destacó que «dentro de estos rangos de exposición, es probable que algunos empleos se vean potenciados, mientras que otros podrían ser reemplazados por la tecnología».
Por otra parte, explicó que «la inversión en inteligencia artificial está fluyendo a una escala que probablemente superará las enormes sumas destinadas a la construcción de ferrocarriles, la red eléctrica e internet».
En este sentido, aseguró que «a corto plazo, el auge de la IA representa un impulso positivo a la demanda que fomenta el crecimiento, especialmente en Estados Unidos y los países asiáticos proveedores de hardware».
Sin embargo, la directora del FMI fue clara al afirmar que «no todos los países se están beneficiando de esta tendencia, y sin una adopción generalizada, muchos podrían quedarse atrás».
Por eso es que consideró necesario que los gobiernos reevalúen sus planes a mediano plazo desde la perspectiva de la transición a la inteligencia artificial en el ámbito fiscal y sugirió pensar en impuestos para esta tecnología.
«Si bien la IA puede impulsar el crecimiento, también podría reducir los ingresos laborales, aumentar la desigualdad y erosionar la base impositiva», indicó y añadió que «los países necesitarán margen fiscal para invertir en infraestructura y capacitación, y mitigar el impacto en los sectores más vulnerables».
«Además -remató Georgieva en su escrito-, necesitarán sistemas tributarios diseñados para la era de la IA. Con una deuda ya elevada, los responsables políticos deberán tomar decisiones difíciles».
Bill Gates fue el primeroLa idea de establecer impuestos a los tokens y a los robots es, en realidad, de Bill Gates. El creador de Microsoft escribió a principios de agosto un artículo en su blog en el que destaca la ventaja fiscal de contar con un robot en vez de un humano en los Estados Unidos.
El empresario hizo un análisis de la situación tributaria y aseguró que «actualmente, si eres empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre la nómina correspondiente a sus ingresos».
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No obstante, aclaró que «si compras un robot, normalmente puedes deducirlo inmediatamente como gasto empresarial», lo que lo motivó a pensar que «el sistema tributario te incita a reemplazar a las personas con máquinas».
La idea de Gates sería gravar con impuestos los tokens de inteligencia artificial y a los robots, con el objeto de destinar los fondos a equilibrar la balanza en momentos en los que los presupuestos gubernamentales están ajustados.
«Un impuesto frenaría un poco el abandono del trabajo humano y recaudaría fondos para la reconversión profesional y una red de seguridad más sólida», explicó y remató: «Habría que aplicarlo de forma específica para que no frene los usos puramente beneficiosos de la IA, como abaratar la medicina y la educación».
Un impuesto por el usoSi bien es novedoso el hecho de que la titular del FMI haga referencia a la necesidad de que las naciones piensen sus sistemas tributarios considerando el impacto que puede tener la IA en la economía, lo cierto es que ya hay un organismo que está trabajando en ello.
En efecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva adelante hace varios años un estudio de la situación, que incluye no sólo a las empresas tecnológicas de inteligencia artificial en especial, sino a las multinacionales en general.
Al menos así lo explicó el tributarista Darío Rajmilovich a El Economista, al recordar que la OCDE emitió lo que se llama el Pilar I de la Acción I que es una medida realmente disruptiva a la hora de pensar en alcanzar con impuestos sus operaciones.
¿Qué es lo que establece? La idea, en términos generales, es la siguiente: asignar una porción de las ganancias que se generan por las ventas al mercado que las consume (hoy el 100% está asociada al lugar en la que se produce).
«El organismo parte de la base de la utilidad o ganancia residual (que es lo que excede el 10% de las ventas de estas firmas) para considerar que un 25% vaya a las jurisdicciones de mercado, o sea, al usuario», sostuvo.
Rajmilovich añadió que este concepto «está vinculado no solamente con los negocios digitales, sino también con todas las multinacionales que tienen incorporado el e-commerce, el intangible de marketing, la publicidad, etcétera, que hoy en día está presente en Internet».
El experto explicó que se trata de un cambio de paradigma, porque relocalizaría el lugar en donde se genera la base imponible. «Dejaría de estar en donde se genera, que por las reglas del precio de transferencia se aloca fundamentalmente donde se produce, y pasaría a una jurisdicción de destino», indicó.
No obstante, esta decisión tuvo una resistencia muy importante de grandes actores. «Sobre esto estaban en contra las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, China y otras, ya que implica resignar parte de la base imponible al resto de los países», recordó.
Como respuesta a este rechazo, surgió lo que se denominó el Pilar II, que no es otra cosa que el impuesto mínimo que se estableció para las multinacionales que tuvieran ingresos superiores a los 20.000 millones de euros anuales.
Sin embargo, para Rajmilovich, el sistema tributario debería ir camino hacia la aplicación de un impuesto en el destino a nivel internacional. Y, además, considera necesario establecer umbrales de facturación que permitan incluir a más compañías.
«Con el piso actual, entran en el Pilar II solo unas 100 multinacionales. Por eso, considero necesario que, de manera gradual, vayan reduciendo el umbral para que se multiplique el número de empresas alcanzadas», cerró el especialista.
Si bien todo está en estado embrionario, lo cierto es que los Estados deberán tomar cartas en el asunto, si lo que quieren es mantenerse a flote ante la marea de cambios que trae el avance en materia de IA.