Los abogados de los seis policías procesados por «abandono de personas» supuestamente perpetrado el 20 de octubre pasado, cuando fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, pidieron hoy a la Cámara del Crimen porteña la nulidad de la causa y atacaron con dureza a la jueza de instrucción Susana Wilma López.
Los defensores de Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal y pasado a disponibilidad por este caso; Jorge Raúl Ferreyra, comisario de la División Roca de la Policía que estuvo a cargo del operativo; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30, y el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, afirmaron que la jueza violó el «principio de congruencia».
Según esa postura coincidente, la jueza indagó a los policías en relación con el homicidio de Ferreyra y las heridas causadas a otras tres personas y terminó por procesarlos por un delito muy diferente, el «abandono de personas».
Los letrados Carlos Ríos, Martín Calvet Salas, Diego Sandrini, Marcelo Orlando y Carlos Rubancich sostuvieron que la jueza se contradijo y violó la garantía de defensa en juicio, al indagarlos por una figura y procesarlos por otra, desbaratando de esa manera la estrategia de la defensa.
Además, sostuvieron que para el «abandono de personas» es necesario el dolo, es decir la intención de cometer el delito.
El abogado Sandrini, defensor de Conti y Echeverría, lo graficó: «Podrán decir que mi cliente es torpe, un inútil, y yo podría decir ‘tienen razón’, pero no son delincuentes».
Uno de los letrados, incluso, sostuvo que la jueza López ni siquiera debió haber intervenido, porque consideró que el delito de «abandono de personas» es resorte de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Las querellas y el fiscal Fernando Fiszer refutaron los argumentos y recordaron que en las indagatorias se informan hechos pero no calificaciones legales, lo que sí ocurre al momento de resolver la situación procesal.
Así, defendieron el fallo de la jueza López y pidieron su confirmación. E incluso doblaron la apuesta ya que pidieron que el policía David Villalba, el camarógrafo que omitió grabar escenas de lo ocurrido aquel mediodía y que fue sobreseído por la magistrada de primera instancia, sea también procesado.
«La situación quemaba, era una función de teatro y la policía miraba (…), la situación de peligro no se inició a las 13.35 (hora en que asesinaron a Ferreyra) sino 100 minutos antes. Los imputados tenían las herramientas para cuidar a la gente, sabían que debían hacerlo y no lo hicieron», resumió Fiszer.
Mariano Ferreyra fue asesinado en octubre pasado, durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados efectuada en el barrio porteño de Barracas.
La pesquisa permitió identificar, detener y procesar a varios activistas de la Unión Ferroviaria (UF) e incluso al titular del gremio, José Pedraza, y a su segundo, Juan Carlos «Gallego» Fernández, quienes, junto con los otros acusados, siguen presos y se encaminan a juicio oral por el crimen.
Además de Pedraza y Fernández, están imputados los delegados Pablo Díaz y Claudio Alcorcel, los empleados ferroviarios Juan Carlos Pérez, Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Jorge González y Gabriel «Payaso» Sánchez, y el barra brava de Defensa y Justicia Cristian «Harry» Favale.
Sánchez y Favale están acusados de ser los autores de los disparos que mataron a Ferreyra y que provocaron heridas a Elsa Rodríguez, Ariel Pinto y Nelson Aguirre.