Preocupan en Perú supuestos planes del Congreso para controlar la Justicia

El Congreso aprobó el jueves, con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, una propuesta para investigar a los siete miembros de la Junta, lo que fue interpretado de inmediato como una acción para cambiarlos.

Los avances del Congreso de Perú en el supuesto intento de controlar al aparato judicial activaron las alarmas en sectores nacionales e internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que instaron a que se respete la independencia de poderes.

“Los principios básicos de las Naciones Unidas (…) afirman que ‘todas las instituciones gubernamentales o de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura’. Asimismo, la Constitución Política de Perú en su artículo 43 menciona que el gobierno se organiza según el principio de la separación de poderes”, recordó la ONU en un comunicado.

“Solo defendiendo y garantizado los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”, agregó el organismo mediante su oficina en Lima.

La preocupación se origina en los hostigamientos de sectores del Congreso contra miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente estatal que designa, fiscaliza y eventualmente sanciona a los jueces y los fiscales y que tiene por tanto una función determinante en el aparato judicial.

La Junta, de siete integrantes, supervisa además a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los organismos que manejan todos los comicios desde los ángulos legal y logístico, respectivamente.

“La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país, que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales”, destacó la ONU.

El Congreso aprobó el jueves, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, una propuesta de Patricia Chirinos, del partido ultraconservador Renovación Popular (RP), para investigar en forma sumaria y “por causa grave” a los siete miembros de la Junta, lo que fue interpretado de inmediato como una acción para cambiarlos.

Según la moción, los integrantes de la JNJ han incurrido en faltas al supuestamente adelantar opinión en casos, al filtrar presuntamente documentación a la prensa y al permitir que siga en funciones su integrante Inés Tello pese a que cumplió los 75 años que son el límite máximo de edad.

“Tenemos la responsabilidad de poner un alto a una JNJ que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y ha incurrido en faltas graves”, argumentó Chirinos, a cuyas palabras adhirieron especialmente oradores de RP y de los otros dos partidos de derecha “dura”, Fuerza Popular y Avanza País.

La investigación estará a cargo de la Comisión de Justicia del Congreso, que tendrá dos semanas para pronunciarse, en lo que podría ser el preludio de acusaciones constitucionales contra los miembros de la JNJ, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de La Haza, Iviarta Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Para analistas, las miradas de los congresistas están centradas sobre todo en Vásquez y Tello, exministro de Justicia y expresidenta de la Corte Suprema a los que se percibe como principales defensores de la autonomía del ente.

Vásquez y Tello tienen en sus manos entre otros casos las investigaciones contra la fiscal general Patricia Benavides, percibida como una ficha clave para la alianza Ejecutivo-Legislativo y a quien se le atribuyen presuntos delitos, incluida la protección a una hermana jueza supuestamente relacionada con narcotraficantes.

“Estamos asistiendo a prácticamente la desaparición de lo que quedaba de institucionalidad democrática. Lo que ha pasado en el pasado reciente y lo que está a punto de concretarse solo podría tener similitud con el gobierno corrupto y autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000)”, reaccionó el exdefensor del Pueblo Walter Albán.

“En estos momentos en Perú la reacción ciudadana es nuestra única salida. No contamos ya con ninguna entidad para pedirle que actúe democráticamente (…). Prácticamente han arrasado con todo el poder, la institucionalidad está siendo desaparecida”, dijo Albán en el diario La República.

Con esos temores coinciden numerosos analistas y actores políticos, que, como el excongresista Mesías Guevara, hablan de una “actitud dictatorial” de un Parlamento que supera el 90 % de rechazo ciudadano en todas las encuestas.

“La JNJ es el fruto de una reforma constitucional y del voto de un 86 % (que aprobó su creación en referéndum)”, recordó entretanto la integrante del organismo Imelda Tumialán, para quien el Congreso excede inapropiadamente las tareas fiscalizadoras que le corresponden.

Vásquez, como vicepresidente de la Junta, anticipó que el ente podría acudir en demanda de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya varias veces expresó preocupación por lo que ocurre en Perú.

Al Congreso, y en particular a las fuerzas que lo controlan, le atribuyen observadores de diferente procedencia un plan para apropiarse de todos los resortes del Estado y mantener el poder real más allá de 2026, cuando termina el período.

En ese marco, señalan los denunciantes, el Congreso ya capturó mediante la colocación de aliados al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y apunta a “adueñarse” de la JNJ, el JNE y la ONPE, entre otras instituciones básicas.

«Quieren dejar sentado que nadie se puede oponer al Congreso, porque aquel que se oponga va a ser objeto de un juicio político, de una sanción, de una inhabilitación», dijo a Télam el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, quien también enfrenta procesos investigativos.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que depende del Congreso para seguir en funciones, básicamente ha guardado silencio frente a lo que ocurre, pero analistas aseguran que comparte los intereses de los legisladores.