Intiman al gobierno porteño a informar a la justicia sobre presunta contaminación visual

La Justicia Civil intimó al gobierno porteño para que brinde un informe sobre la presunta “contaminación visual” mediante carteles publicitarios en las avenidas Lugones y Cantilo, de esta Capital, en el marco de una acción de amparo iniciada por una ONG.

La titular del Juzgado Civil número 75, Virginia Simari, accedió de esta manera a dar curso a la acción de amparo impulsada hace tres semanas por la Fundación Todos por Igual (The Equall Foundation), que pidió la remoción de “todos los carteles y columnas publicitarias ubicados en la Avenida Lugones y Cantilo, desde General Paz hasta la Avenida Dorrego”.

La entidad denunció que esos carteles fueron “emplazados sobre espacios públicos, predios particulares, de clubes, y ferrocarriles, algunos clandestinamente, otros excedidos de la autorización administrativa exigida”.

La jueza Simari pidió al gobierno porteño el informe que establece el artículo octavo de la ley nacional de amparo para los casos en los que “la acción fuera admisible”.

“El juez requerirá a la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije”, establece la ley.

Completado el trámite, la jueza dispondrá de 48 horas para pronunciarse sobre el trámite judicial.

La acción de amparo, suscripta por la apoderada de la Fundación, Lucía Duffau, le reclama al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “ordene a la autoridad competente hacer cesar el acto lesivo al derecho a la seguridad pública personal y de transporte que actualmente provocan” los carteles.

El reclamo de la remoción de la cartelería en las avenidas Lugones y Cantilo es de antigua data: en 1997 la ONG FAVAT había obtenido un fallo judicial favorable por parte del Juzgado Civil 54 a cargo del entonces juez y hoy camarista Ricardo Li Rosi.

Los carteles volvieron a ser emplazados de uno a uno hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número cinco, a cargo de la magistrada Fabiana Schafrik, volvió a ordenar la remoción. El Gobierno porteño se allanó a las resoluciones judiciales, pero cuestiones de jurisdicción y competencia mantuvieron hasta ahora trabada la efectiva remoción de los carteles.