La causa por la que el ministro porteño de Justicia, Guillermo Montenegro, pidió hoy el apartamiento del juez federal Norberto Oyarbide del expediente sobre el presunto espionaje en la comuna metropolitana, exhuma el historial del magistrado y su relación con la Policía Federal, de cuya escuela fue profesor.
En 1997 tramitó en el juzgado federal número 11 de Claudio Bonadío, secretaría 22, con la intervención del entonces fiscal federal Guillermo Montenegro, la causa número 3422 contra Oyarbide que estaba imputado de haber ordenado 16 intervenciones telefónicas ilegales al mediático abogado Mariano Cúneo Libarona.
Según se comentó por entonces en la prensa y los ámbitos judiciales, Cúneo Libarona supuestamente habría sido el cerebro de la filmación clandestina de una persona idéntica a Oyarbide participando con un joven en una escena íntima dentro de una habitación del prostíbulo masculino «Spartacus», del barrio de Recoleta, que regenteaba Luciano Garbellano.
Ese video luego fue transmitido por algunos programas de televisión abierta como, por ejemplo, «Hora Clave», del periodista Mariano Grondona.
La participación de un juez de la Nación en un local en el que se cometía el delito de «proxenetismo» y que contaba con el apoyo de la Policía Federal desató un escándalo, que incluso obligó al entonces Gobierno de Carlos Menem a cesar en su cargo al jefe de la División Seguridad Personal, comisario Roberto Rosa, por supuesta connivencia con el comercio sexual.
El escándalo aumentó porque trascendió que Oyarbide, al saber de la existencia de aquel video, había amenazado al conserje del restaurante «La Recova», el argelino Zinedine Rachem, amigo de Garbellano y supuesto concurrente a «Spartacus».
Y también ocurrió otro extraño suceso que tuvo por protagonista a Garbellano, quien el 24 de marzo fue secuestrado y amedrentado mediante seis disparos de armas de fuego que no impactaron en el regente de «Spartacus».
La oposición al menemismo denunció a Oyarbide ante la Comisión de Juicio Político por los supuestos delitos de»mal desempeño de funcionario público» y «posible comisión de delito». El lunes 11 de mayo Oyarbide compareció ante la comisión y admitió haberle dicho a Rachem «te quedan 48 horas de vida en este trabajo» pero sostuvo que esa expresión «no fue realizada con la intención (de amenaza de muerte) que se le atribuyó».
También reconoció haber concurrido en más de una oportunidad al prostíbulo «Spartacus», aunque dijo que lo había hecho por su amistad con Garbellano.
Oyarbide se declaró víctima de una supuesta «interna judicial» e involucró en esa operación a los abogados Luis Darritchón y Mariano Cúneo Libarona, a quien -éste último- había procesado y detenido por el robo de un video donde aparecía el juez Juan José Galeano mientras «negociaba» la publicación de un libro con Carlos Telleldín, detenido por el atentado a la AMIA. La mayoría de senadores menemistas y peronistas de la Comisión de Juicio Político le creyó a Oyarbide sus argumentos defensivos y votó la absolución del magistrado, que finalmente pudo regresar a los juzgados de Comodoro Py.
Esa votación se produjo en la noche del 11 de septiembre de 2001, cuando la opinión pública estaba pendiente del atentado terroristas a las Torres Gemelas, en Manhattan, y no atendía demasiado cuestiones domésticas como una decisión parlamentaria.