La jueza procesará a los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra

La jueza de instrucción Wilma López comenzará a notificar a partir de este martes a los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra, a pesar que la investigación no logró establecer aún cuál de los tres tiradores que hubo en la patota de la Unión Ferroviaria gatilló el arma asesina.

Los más comprometidos son el barrabrava de Defensa y Justicia, Cristian “Harry” Favale; el guardatren y barra Gabriel “Payaso” Sánchez, y el picaboletos Guillermo Uño, identificados por diferentes testigos como los que empuñaron armas de fuego contra los obreros ferroviarios que pedían blanqueo laboral respaldados por activistas de izquierda, según consta en el expediente.

Igualmente comprometido está el delegado de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz, ya que la mayoría de los imputados y el testigo protegido que integró el grupo agresor, lo identificaron como el reclutador del grupo y quien daba las órdenes en el lugar, incluida la de “desenfundar”.

La existencia de tres tiradores no sólo fue mencionada por una treintena de testigos, llevados en su mayoría por el Partido Obrero, sino que fue corroborada por las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería.

Según el expediente, en el sitio del ataques, próximo a la estación Barracas, fueron hallados seis proyectiles, uno de ellos del calibre 38 special en el cuerpo de Ferreyra.

Los peritos determinaron que tres de las balas fueron disparadas por ese arma, pero una cuarta de igual calibre corresponde a otro revolver, según las estrías encontradas en el fragmento que impactó en la cabeza de la militante Elsa Rodríguez.

La mujer se debate entre la vida y la muerte desde hace más de un mes, mientras los otros dos heridos que salieron del peligro habrían recibido tiros de calibre 22, uno de los cuales esta alojado tras la rodilla de Nelson Aguirre.

Favale, según las constancias del expediente que los defensores comenzaron a fotocopiar la semana pasada, fue identificado por no menos de cinco testigos como autor de tres disparos.

El barra alegó inocencia, pero otro de los detenidos, Juan Carlos Pérez, declaró que oyó tres tiros -que adjudicó a un petardo del tipo “tres tiros”- justo detrás suyo, donde estaba Favale, y luego le llegó la versión que éste se jactaba de haberle “dado en la panza al zurdo”.

Otro de los patoteros que disparó fue “Payaso” Sánchez, incriminado por Favale, pero también reconocido por tres testigos del grupo agredido por su vistoso tatuaje.

El tercer tirador fue identificado por otros tantos testigos como “uno de pelo largo y ensortijado”, descripción que corresponde la picaboletos Guillermo Uño, quien aparece en los videos tanto televisivos como de la propia Policía Federal, y ahora es defendido por el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid.

Las armas no fueron encontradas en ninguno de los allanamientos ni n un rastrillaje realizado la semana pasada por buzos en el lecho del Riachuelo, muy próximo a la calle Santa Elena de Barracas donde se inició la encerrona.

Pero un testigo aseguró que éstas fueron recogidas y llevadas al baúl de un auto Focus dorado, similar al que posee el detenido Pérez.

También está preso Salvador Pipito, el ferroviario que quiso romper la cámara de C5N poco antes de empezar los tiros, y que según el testimonio de la cronista Gabriela Carchak no pudo concretar porque empleados de un corralón los protegieron dejando entrar al equipo televisivo y bajó las persianas.

Jorge González es otro de los ferroviarios detenidos que aparece en los videos con cuello ortopédico incitando a los atacantes en primera línea.

La imputación genérica que figura en el expediente es “haber integrado una organización formada con el propósito de impedir a un grupo de manifestantes que cortasen las vías del ferrocarril ex línea Roca, utilizando para eso violencia física sobre personas, efectos contundentes y armas de fuego”.

Su resultado fue un homicidio y tres heridos de bala, de modo que Diaz sería el organizador de una asociación ilícita según los términos del artículo 210 o 210 bis del Código Penal, estimaron fuentes con acceso a la causa, calificación que abarcaría todos los detenidos además de su rol en el crimen.