El candidato del kirchnerismo anunció la prueba piloto de un régimen especial para los repartidores que trabajan con aplicaciones digitales, pero la AFIP busca avanzar aún más allá y apunta a cobrar más impuestos a los empleadores por cargas patronales.
Después de las políticas de despilfarro fiscal lanzadas entre agosto y octubre, el ministro y candidato Sergio Massa ahora busca trazar los lineamientos básicos para ampliar la base imponible de los impuestos.
Hace pocos días anunció una prueba piloto para un nuevo régimen especial en el cual los repartidores que trabajan con aplicaciones digitales comienzan a pagar cargas sociales en caso de no haberse adherido al régimen de monotributistas o autónomos. Se incluyó una cobertura oficial por ART y una Obra Social asignada (un guiño para las cajas del sindicalismo).
Pero el Gobierno quiere avanzar aún más lejos, y esta vez pretende modificar la relación contractual entre los repartidores y las empresas Rappi y PedidosYa para convertirlos en asalariados con aportes patronales. La AFIP apunta a un universo de recaudación de hasta $7.500 millones.
Cabe destacar que el ajuste que propone Massa para el año fiscal 2024 se deposita casi exclusivamente sobre las exenciones impositivas, lo que se dio a conocer como “gasto tributario”, y entre otros impuestos se encuentran las cargas patronales a cargo de los empleadores.
El problema es que la ventaja competitiva de estas aplicaciones a bajo costo es precisamente el grado de flexibilidad que existen en sus contratos de trabajo, de otro modo no podrían operar. Debido al clima de incertidumbre, las firmas Rappi y PedidosYa analizan abandonar sus operaciones en el país tal y como lo hizo Glovo a mediados del 2020.
Otros países como Estados Unidos y España también abordaron la discusión sobre la relación laboral entre los repartidores y las empresas de esta modalidad, pero en ningún caso se resolvió que exista una relación de dependencia tradicional como la que sí aplicaría para otros puestos de trabajo convencionales.
Cerca de 300.000 personas (equivalentes al 10% del universo de monotributistas y autónomos) se encuentran operando con aplicaciones de delivery. Se corre el riesgo de perder una fuente fundamental de puestos de trabajo, muchos de los cuales funcionan como un segundo trabajo para remendar el brutal deterioro de los ingresos a causa de la inflación.
También es importante tener en cuenta que las cargas patronales en Argentina son mucho más elevadas que en otros países. Los empleadores deben afrontar un recargo del 20,7% sobre el sueldo bruto desde la reforma tributaria de 2017 (antes pagaban más de 24%), una tasa superior a la de países como Chile (5%), México (7,6%), Estados Unidos (7,65%), Canadá (7,66%), Australia (11%), Uruguay (12,6%), Reino Unido (15%), Japón (15,9%) y Alemania (19,4%), entre otros.
La productividad argentina no está ni lejos de poder compensar costos tributarios semejantes. En contraposición al dirigismo de Massa, Milei propone flexibilizar los contratos laborales para que las protecciones a los trabajadores no sean un obstáculo para la contratación en relación de dependencia.
El candidato liberal propone reducir el umbral de las cargas patronales a niveles internacionales, incluir un seguro de desempleo para reemplazar la indemnización por despido, y contratos más flexibles para adaptar la legislación laboral a los requerimientos de la economía moderna.