El gobierno de extrema izquierda que gobierna Portugal decretó la expropiación del uso de viviendas que permanezcan más de 100 días sin ocupación. Se instrumentará un programa de control de alquileres, y quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento turístico.
El gobierno comandado por el primer ministro António Costa, un recalcitrante socialista que llegó al poder con una coalición de centroizquierda pero que en los últimos años giró a la extrema izquierda, anunció el lanzamiento de su propia Ley de Alquileres.
Esto marca un verdadero retroceso histórico para el mercado inmobiliario, y un pésimo precedente para la seguridad jurídica en Europa. Por primera vez en 38 años, Portugal volverá a regular intensivamente el mercado de la vivienda y apostará por recetas obsoletas del siglo pasado.
Valiéndose de su mayoría en las cámaras legislativas, el Partido Socialista de Portugal tendría vía libre para la aprobación de los cambios más ambiciosos de su agenda política, la más violenta de las últimas 4 décadas.
La Ley de Alquileres portuguesa
El gobierno de extrema izquierda anunció que habrá una “rápida expropiación de uso” de todas las viviendas del país, ya sean departamentos o casas particulares, que se encuentren sin ocupación por un período igual o superior a los 100 días.
Con estas expropiaciones, el gobierno quiere forzar a los propietarios a dar en alquiler sus viviendas a cualquier precio que encuentren, para evitar perder su propiedad. Quienes finalmente no pongan en alquiler sus casas o departamentos, éstas pasarán a control municipal, que será responsable de gestionar su alquiler a las clases más bajas.
Cabe aclarar que la definición de “propiedad ociosa” es ambigüo, y muchas viviendas que son utilizadas por los portugueses que tienen más de una propiedad (muy común en Portugal tener una casa en una ciudad y otra en la costa) caerán bajo estas expropiaciones si no son puestas en alquiler.
A partir de la sanción de la ley, todos los contratos de alquiler tendrán un período mínimo de duración de 5 años, y los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos en situaciones de impago, ya que según esta nueva ley, el Estado asumirá el costo de las mensualidades no percibidas por el propietario.
No conforme con esto, el Estado portugués podrá incluso obligar a los propietarios a reformar las viviendas intervenidas a fin de prepararlas para su arrendamiento forzoso, y se prevé desplegar fondos públicos municipales (con un costo completamente arbitrario e incierto) a estos efectos.
La nueva ley también expanderá los poderes del Estado para dar vía libre a la policía para disponer de desalojos en caso de ser necesario, sea de inquilinos problemáticos o de propietarios que no quieren entregar sus viviendas al Gobierno.
Las medidas palidecen incluso considerando estándares de economías en vías de desarrollo, y amenazan con destruir el mercado de vivienda en el país. Los incentivos para la construcción de nuevas propiedades se desmoronarán peligrosamente, considerando que si la propiedad no puede ser alquilada al precio proyectado será expropiada. Esto condenará al país a un lento y agónico proceso de descapitalización como el que sufrieron otras economías socialistas.
La nueva legislación que todavía debe ser votada en el Parlamento de Portugal pero que certeramente será aprobado, establecerá un nuevo techo máximo legal para la actualización de los contratos de alquiler, del mismo modo en que ocurre actualmente en países como Argentina, Venezuela y Cuba.
Independientemente de las condiciones de oferta y demanda del mercado, e independientemente de las objeciones tanto de inquilinos como de propietarios, el Estado fijará un tope similar a la evolución pasada del IPC para actualizar los alquileres. El alquiler de viviendas no podrá subir más que el promedio general de la inflación minorista.
El Poder Ejecutivo decretará, además, la prohibición casi absoluta de las nuevas viviendas para el alquiler turístico en todo el país. Solamente habrá una única excepción y es la construcción de alojamientos en zonas rurales, aquellas cuya densidad demográfica sea considerablemente menor a la media nacional.
La radicalización sin precedentes del Partido Socialista de Portugal, que a pesar de su nombre había sido históricamente un partido de centroizquierda moderada que no había tocado mucho las reformas liberales de Aníbal Cavaco Silva en los 90s, deteriora dramáticamente los derechos de propiedad en Portugal, la estabilidad de las reglas de juego para la inversión productiva y la seguridad jurídica.