El Gobierno desistió por el momento de ordenar el desalojo del corte de ruta en Gualeguaychú, como había ordenado la Justicia. Pero buscó un camino intermedio, al decidir presentarse como querellante en esa causa y denunciar penal y civilmente a los vecinos que ocupan el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
Durante una exposición ante la prensa, en la que no permitió preguntas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adujo que esa decisión fue tomada porque la vocación del Gobierno es «no reprimir» y porque el fallo de la Justicia que ordenó el desalojo de la ruta 136 «es de cumplimiento imposible».
El Gobierno devolvió de esta manera el conflicto a la esfera judicial tras el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel, que había ordenado al Ejecutivo liberar ese paso que conecta con la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Fernández adujo que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de «cumplimiento imposible» y remarcó que «sería en vano» notificar a los asambleístas de un hecho que «no se van a notificar», por lo que el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas.
La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. «No hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible», sostuvo Aníbal Fernández.