Confirman procesamientos por explotación de ciudadanos bolivianos

Dos ciudadanos bolivianos que regenteaban un taller textil en la ciudad de Buenos Aires quedaron procesados y rumbo a juicio oral acusados de someter a condiciones de explotación a trabajadores de su país con residencia ilegal, de acuerdo a un fallo emitido por la Cámara Federal porteña.

Se trata de Victoria Yapura y Herberth Salas, cuyos procesamientos fueron confirmados por los camaristas Eduardo Farah,

Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes consideraron que obtenían beneficios económicos en base a las condiciones de trabajo excesivo y la baja remuneración en negro que pagaban a sus connacionales, según la resolución a la que accedió Télam.

“Puede pensarse que la precaria condición en que se encontraban estas personas tornaba forzosa la obtención del dinero adeudado para subsistir, y que en esta dirección, los empleadores habrían desplegado mecanismos de promoción y facilitación de la permanencia, lucrando a través de asegurar esa situación”, consideraron los camaristas.

De esta manera confirmaron los procesamientos y embargos por cinco mil pesos dispuestos en el caso por el juez federal de instrucción Claudio Bonadio.

En un allanamiento hecho al taller ubicado en Primera Junta al 3800 de la Ciudad de Buenos Aires se dio con los ciudadanos bolivianos indocumentados que cumplían jornadas laborales de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados hasta las 13, en una casa donde también dormían y se les daba la comida los días de semana.

Para salir, según se probó en la pesquisa, debían pedir permiso a los dos encargados procesados, quienes guardaban la única llave de la vivienda.

“Prestaban servicios laborales en condiciones precarias y los imputados obtenían de ello un beneficio económico directo”, reafirmó la Cámara.

El inmueble donde funcionaba el taller contaba con diez ambientes, distribuidos entre cuartos con camas-cuchetas (de dos por dos metros), una habitación tipo taller en el que se localizaron máquinas de costura industrial (con un total de siete máquinas), un cuarto con cama de dos plazas, un baño, cocina y depósito.

Allí vivían doce personas, cinco de ellas sin trámites migratorios, que percibían entre 80 centavos y 1 peso con 10 centavos por cada prenda elaborada.

Los camaristas advirtieron que la ley pena la “promoción o facilitación de la permanencia de extranjeros en el país” para aprovecharse de la “irregularidad migratoria como `política de empresa`” para obtener un lucro de esta situación.

“Es dable sostener que Heberth Salas y Victoria Yapura habrían perseguido y obtenido un beneficio económico directo, pues gozaban de lo recibido por la venta de las prendas, por las cuales, con suerte, sólo pagaban 1 peso con diez centavos”, concluyó la Cámara.