Confirman el procesamiento contra un inspector de la CNRT por presunto pedido de coima a dos camioneros

Un inspector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó al borde del juicio oral y público por el delito de “concusión”, acusado de pedirle una coima de 800 pesos a dos camioneros para liberar los vehículos y omitir labrarles sendas multas por irregularidades en los rodados.

La Sala Primera de la Cámara confirmó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas contra el inspector Leandro Diego Martínez, pese a que éste adujo que no había sido él quien solicitó las coimas sino los camioneros quienes las ofrecieron.

Según el fallo, firmado por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, se le imputó a Martínez “en su calidad de inspector de la CNRT el pago de 800 pesos a dos conductores de camión con la finalidad de liberar sus respectivos vehículos y no realizar las multas correspondientes a las irregularidades que poseían”.

“El hecho ocurrió el día 20 de febrero de 2011 mientras Martínez cumplía funciones sobre la Avenida Rafael Obligado a la altura de las areneras del Puerto de esta ciudad”, añade la documentación, a la que tuvo acceso DyN.

“Nos encontramos en condiciones de ratificar -con el grado de probabilidad requerido por esta etapa del proceso- que Martínez habría desplegado la maniobra que se le imputa”, dijeron los camaristas.

Para ello, valoraron los relatos de los conductores y del dueño de los vehículos retenidos, quienes “explican con detalle y en forma coincidente las circunstancias en las que habría tenido lugar el hecho del proceso y, en particular, la exigencia de una suma de dinero por parte de Martínez para liberar los camiones”.

Ello fue corroborado con la omisión de Martínez de haber convocado a personal de Prefectura que estaba en el lugar si efectivamente los camioneros hubieran intentado coimearlo.

“El inspector de la CNRT debería haber acudido inmediatamente a ellos, en lugar de esperar e informar sobre los acontecimientos una vez que ya habían tenido lugar y llamativamente después de que el dueño de los camiones le indicara que formularía la correspondiente denuncia”, añade el fallo.

El artículo 266 del Código Penal, en el capítulo de “exacciones ilegales”, establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.