Caso Ugolini: Tribunal Superior dispuso que actuación judicial invadió poderes Legislativo y Ejecutivo

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso hoy que la actuación judicial no puede “invadir” ámbitos propios del Poder Legislativo y Ejecutivo, en el caso de las medidas cautelares que impidieron avanzar en la designación de Daniela Bruna Ugolini como jueza de ese tribunal.

Por cuatro votos contra uno, el Tribunal Superior de Justicia decidió que “diversas actuaciones judiciales de los juzgados en lo contencioso administrativo de la Ciudad N° 3, 4, 6 y 13 que prohibían a la Legislatura y al Jefe de Gobierno avanzar en el proceso de designación de Ugolini no pueden ser ejecutadas”.

Según los magistrados, “la actuación judicial cuestionada invade ámbitos propios de los Legisladores y del Jefe de Gobierno excediendo en mucho el control que compete a los jueces sobre actos de los otros órganos”, configurando así un “conflicto de poderes”.

El Tribunal habla de “interferencia de competencias” y llama a la “auto-limitación” con la que los jueces deben ejercer su potestad, “evitando frustrar la democracia al impedir la expresión de la voluntad popular por medio de sus representantes”.

Las críticas del Poder Judicial al dictar las medidas cautelares había sido “el tamaño de la letra con que el curriculum vitae de Ugolini aparecía en Internet y la velocidad impresa al trámite”.

Según el Tribunal, “tales eventuales deficiencias no autorizan a confundir el carácter político institucional del proceso de designación, que lo califica como insusceptible de ser paralizado o suspendido por una medida cautelar mientras se encuentra bajo la actuación de uno de los dos poderes que intervienen en la formulación del acto de designación”.

También advirtió que “los jueces de primera instancia no permitieron que Ugolini se defendiera, no obstante el impacto que las medidas tenían sobre su candidatura” y destacó que “más de dos tercios de los miembros de la Legislatura reclamaron que sus fueros fueran respetados”.

La renuncia de Julio Maier como juez del Tribunal Superior fue aceptada por decreto el 20 de julio del 2009 y se efectivizó a partir del 1 de octubre de ese año, cuando el Poder Ejecutivo inició el procedimiento de selección, nominación y nombramiento del juez reemplazante.

Este proceso se inició con avisos en los diarios Clarín y La Nación con los antecedentes curriculares de la candidata Ugolini, pero quedó interrumpido luego que la justicia contenciosa administrativa de la Ciudad dcitara diversas medidas cautelares destinadas a suspender el desarrollo del trámite de designación.

Pese a esas medidas, la Legislatura convocó a la audiencia pública prevista en el procedimiento el día 30 de octubre del 2009, lo que motivó el dictado de nuevas medidas judiciales: allanamiento de la Legislatura, secuestro del libro de Actas de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y del expediente vinculado con el nombramiento.

Ante la actuación judicial, tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo requirieron la intervención del Tribunal Superior al cual la Constitución de la Ciudad encomienda resolver estos conflictos de poderes, lo que también fue fundado en este fallo.