La Sala I de la Cámara Federal solicitó esta mañana al juez Norberto Oyarbide el envío del expediente antes de expedirse acerca de la recusación planteada por el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro en la causa por las escuchas telefónicas ilegales.
Montenegro reiteró ayer, ante la Cámara, su intención de apartar a Oyarbide quien lo citó para mañana a prestar declaración indagatoria como imputado por lo que se estima que el planteo podría ser resuelto hoy mismo por la Sala I.
El ministro porteño se ampara en el artículo 55, inciso octavo, del Código Penal Procesal de la Nación que establece la inhibición de un juez en una causa «si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos?
En esa línea Montenegro recordó ayer que cuando se desempeñaba como fiscal federal denunció a Oyarbide por haber intervenido los teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona en la causa del prostíbulo masculino Spartacus.
Por la causa del espionaje telefónico organizado por el ya removido jefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino” Palacios y el espía Ciro James, ambos detenidos, Oyarbide citó a declarar mañana a Montenegro, en tanto el ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodosky, deberá hacerlo el 26 de abril próximo.
Ambos están sospechados de haber encubierto el sistema de escuchas mientras que la indagatoria del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue reprogramada para el 5 de mayo próximo en razón del viaje a la India del acusado de haber utilizado esa estructura para espiar a su propio cuñado, Néstor Lorenzo.
La sala I de la Cámara, que integran los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, tiene un plazo de 48 horas para resolver sobre la continuidad de Oyarbide en la causa a partir de que sea informado el tribunal, lapso que vencería mañana, el mismo día en que Montenegro debe concurrir a tribunales a declarar como sospechoso.
Semanas atrás, la Cámara confirmó el procesamiento de James y Palacios junto a 5 policías misioneros y una funcionaria judicial de Posadas, desde donde -a través de dos juzgados locales- se pedían a la SIDE las escuchas «legales? para pesquisas fraguadas.
El jury de enjuiciamiento constituido en Posadas dará su veredicto en el juicio contra lo jueces José Luis Rey y Roberto Gallardo, quienes en caso de ser removidos podrían ser detenidos de inmediato por orden de Oyarbide ya que el sistema montado por Palacios y James no podría haberse realizado sin su colaboración.