La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzó hoy en la discusión de un proyecto de Ley para la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, que contó con el visto bueno del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
El proyecto pertenece a los senadores oficialistas Daniel Filmus y Miguel Angel Pichetto, y también cuenta con el aval de la oposición y de las asociaciones de magistrados de la Ciudad.
De ser aprobada, la iniciativa se convertiría en el tercer convenio de transferencia de facultades penales a Buenos Aires, luego de las concedidas en 2000 y en 2004.
En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, el proyecto establece también que la cesión de facultades se haga con los recursos necesarios, lo que abrirá una discusión entre la nación y la ciudad por el monto a transferir.
Según el proyecto, se transfieren alrededor de 27 delitos, entre los que sobresalen aquellos cometidos por funcionarios públicos o de la administración porteña.
También se incluyen delitos complementarios de transferencias anteriores, como los de lesiones, duelo, abuso de armas, violación de domicilio, incendio, actos discriminatorios y delitos en el deporte.
Finalmente, se mencionan actos tipificados en el código penal como atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos, entre otros.
«A partir de la sanción de esta Ley, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pasará a investigar 30 mil causas de las 15 mil que tiene actualmente. Espero que los recursos para hacer frente a esos números no salgan del dinero que debe transferirse a las provincias”, expresó la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la justicialista federal Sonia Escudero.
Al respecto, el ministro Montenegro adelantó que «habría que hacer acuerdos con la Nación para establecer el monto del dinero del traspaso de las competencias”, y recordó que «este proyecto elimina ese conflicto porque no hay dudas de que este traspaso debe ser con recursos”.
«No hubo efectiva realización de partidas presupuestarias que acompañaron a los dos convenios previos. La discusión que estamos dando con el gobierno nacional, lamentablemente, está en la Justicia”, resaltó.
No obstante, Montenegro sostuvo que «debemos seguir avanzando con la transferencia de las competencias”.
A su turno, el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura del gobierno de la Ciudad, Julio De Giovanni, mencionó su acuerdo con la norma y agregó: «Queremos ser iguales a los ciudadanos de las otras provincias”.
«Es una vieja aspiración nuestra el continuar con la transferencia de las justicia penales”, insistió De Giovanni.