Allanaron oficinas de la policía misionera por escuchas ilegales

Las oficinas de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones fueron allanadas por efectivos de Gendarmería Nacional, en el marco de la investigación sobre las escuchas ilegales que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide.

La causa comenzó a fines de septiembre del año pasado cuando el dirigente judío Sergio Burstein fue alertado a través de un llamado anónimo que su teléfono había sido “pinchado” por orden de la justicia misionera.

Fuentes judiciales confirmaron esta mañana que el procedimiento, realizado ayer desde las 17 y durante cinco horas, estuvo a cargo de gendarmes de la Unidad Especial de Procedimientos e Investigaciones Judiciales.

Según trascendió, los efectivos revisaron computadoras y expedientes en las oficinas donde cumplían tareas cinco efectivos de la Policía misionera procesados en la causa, desde donde se realizaban las escuchas telefónicas ilegales.

El allanamiento había sido ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide mediante un oficio que diligenció el juez Federal Penal de Posadas, José Luis Casals.

En el marco de esta causa, se encuentran involucrados cinco efectivos de la Policía Misionera, que fueron puestos en situación de disponibilidad por ser presuntos integrantes de la red de espionaje ilegal que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires.     Según la investigación judicial que lleva adelante Oyarbide, en  las oficinas de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones se habrían pedido las grabaciones y realizado las  desgrabaciones.

Hasta el momento, se encuentran procesados en el marco de la investigación el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; el espía Ciro James; el ex ministro de Educación Mariano Narodowski; dos ex jueces misioneros que dieron cobertura a las escuchas ilegales; una funcionaria judicial; y los cinco policías misioneros.

Ayer, el juez Norberto Oyarbide rechazó un pedido de Macri de apartarse de la causa en una resolución en la que acusó al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de pretender “contaminar la investigación con cuestiones ajenas” a la causa.