Admiten nuevo conflicto de poderes por designación de Ugolini en el TSJ

El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires declaró admisible el conflicto de poderes planteado por la Legislatura porteña, en el marco del proceso de designación de un juez para integrar ese cuerpo judicial. Además, ordenó acumular esa causa a la iniciada por el Ejecutivo local con similar propósito.

Se trata de la presentación realizada por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, quien planteó un conflicto de poderes contra el Poder Judicial de la Ciudad, en virtud de que diversas decisiones del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario “han pretendido reemplazar a la Legislatura en el ejercicio de su función privativa de control en el proceso de nombramiento de una jueza para integrar el Tribunal Superior de Justicia”.

Al respecto, solicitó se declare que “el Poder Judicial carece de competencia constitucional para disponer medida alguna que interfiera, altere, suspenda o de cualquier modo pueda afectar la labor de cada uno de los legisladores, de las Juntas y Comisiones que estos integran y del cuerpo en pleno de la legislatura de la ciudad en el curso del procedimiento para evaluar la nominación y, eventualmente, prestar acuerdo, para el nombramiento de la Dra. Daniela Bruna Ugolini en el cargo de jueza del Tribunal Superior de Justicia”.

Asimismo, requirió que se dejen sin efecto todas las resoluciones judiciales que hayan sido dictadas en ausencia de aquella competencia constitucional.

El Tribunal Superior declaró admisible la acción y dijo que la relación que existe entre las pretensiones formuladas por el Poder Ejecutivo en el expediente N° 6836/09 y el Poder Legislativo en el presente, así como la identidad de las decisiones judiciales que suscitan las denuncias formuladas, “conduce a declarar la conexidad de ambos procesos y ordenar acumularlos”.

Cabe recordar que el Máximo Tribunal porteño, el pasado 3 de noviembre, declaró en la causa 6836/09 la admisibilidad del conflicto de poderes planteado tras la denuncia realizada por el Poder Ejecutivo, por la interferencia que diversas resoluciones judiciales generaron en el procedimiento de designación de la candidata propuesta por el jefe de Gobierno para cubrir aquella vacante.

Además, había dispuesto mantener la suspensión de las resoluciones dictadas por el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario que frenaron aquel proceso de selección, así como de toda otra actuación que interfiera en ese procedimiento.