A nueve años del incendio en el que perdieron la vida seis personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas menores de edad, sólo fueron condenados en un juicio abreviado los capataces de taller, mientras que los dueños del local y los responsables políticos de que ese negocio funcionara ni siquiera fueron imputados en la causa penal, que ya está por prescribir.