Las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus aumentos de cuotas al control del Estado, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, una de las principales medidas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La decisión devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud las facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos tarifarios, que habían quedado liberados tras la entrada en vigencia del decreto.
El pronunciamiento representa el primer fallo del máximo tribunal que declara la inconstitucionalidad de disposiciones del DNU 70/2023 y podría tener consecuencias sobre miles de afiliados. Además de influir directamente en unas 500 causas similares que permanecen pendientes de resolución, la sentencia podría servir de antecedente para nuevos reclamos judiciales, incluidos los de usuarios que ya pagaron aumentos y buscan recuperar parte del dinero. Sin embargo, el fallo no dispone una devolución automática de los importes cobrados ni establece que todos los incrementos aplicados desde diciembre de 2023 deban quedar sin efecto.
La Corte Suprema anuló dos artículos del DNU de MileiLa resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. El expediente se originó a partir de la demanda de una afiliada que sufrió un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, luego de que el Gobierno eliminara los controles sobre los precios de la medicina prepaga. Como referencia, bajo el esquema regulatorio anterior, el incremento previsto para enero de 2024 había sido del 6,26%.
La causa llegó a la Corte por recursos presentados tanto por la empresa demandada como por el Estado nacional. El máximo tribunal analizó la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el decreto sobre la Ley 26.682, que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga. Los artículos cuestionados habían eliminado una disposición legal y modificado otra para quitar la intervención estatal en la determinación de las cuotas. Con su declaración de inconstitucionalidad, recupera vigencia el sistema de supervisión de los aumentos por parte de la autoridad sanitaria.
Cómo deberán autorizarse los aumentos de las prepagasA partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la potestad de evaluar y autorizar las variaciones tarifarias, que deberán estar justificadas por cambios en la estructura de costos de las empresas y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Esto significa que las compañías ya no podrán determinar los incrementos al margen de los controles previstos por la legislación. El organismo deberá examinar los fundamentos de cada modificación y verificar que los valores propuestos respondan a criterios de razonabilidad.
No obstante, la Corte introdujo una diferencia importante respecto de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata: rechazó que los aumentos deban quedar limitados automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, la decisión no implica que las cuotas solo puedan subir al ritmo de la inflación, sino que restablece el mecanismo de autorización estatal. Las empresas podrán solicitar incrementos superiores o inferiores a la evolución de los precios generales, pero deberán fundamentarlos y someterlos a la revisión correspondiente.
Por qué la Corte declaró inconstitucional la desregulaciónEl argumento central del fallo se concentró en la falta de circunstancias excepcionales que justificaran modificar por decreto el régimen de control de las prepagas. Los magistrados recordaron que la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente cuando resulta imposible seguir el procedimiento legislativo ordinario o cuando existe una urgencia incompatible con los tiempos del Congreso. La Corte retomó los criterios establecidos en su jurisprudencia, incluida la causa Cencosud, resuelta el 13 de agosto.
Para el tribunal, el Gobierno no explicó de manera suficiente por qué era indispensable eliminar inmediatamente la regulación de las cuotas. La invocación de una «crisis del sistema de salud» y de la necesidad de «aumentar la competitividad del sistema» no alcanzó para acreditar una urgencia constitucionalmente válida. Tampoco se demostró una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Ejecutivo y la decisión de suprimir las facultades de fiscalización estatal sobre los precios de los servicios de salud.
Qué pasa con las cuotas y los reclamos de los afiliadosLa sentencia también reafirma un límite constitucional al uso de los decretos de necesidad y urgencia. Según el criterio de los jueces, la conveniencia política o económica de una medida no habilita al Presidente a reemplazar el debate parlamentario cuando no se verifican las condiciones excepcionales exigidas por la Constitución. De todos modos, la Corte aclaró que su decisión se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269 y que no constituye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto del DNU 70/2023, que incluye otras reformas impulsadas por el Gobierno.
El nuevo escenario abre interrogantes sobre los próximos aumentos de las cuotas de las prepagas y sobre la resolución de los reclamos iniciados desde la desregulación. Las compañías deberán volver a justificar sus incrementos ante la Superintendencia, mientras que los afiliados con causas judiciales en trámite podrían encontrar en este fallo un antecedente relevante. La decisión también podría impulsar demandas de restitución de sumas ya abonadas, aunque cada situación deberá analizarse según sus circunstancias. Así, la Corte modificó una de las reglas centrales del mercado de la medicina privada sin establecer un congelamiento de precios ni un techo general para las cuotas.
