Después de décadas de demoras, Argentina aprobó su adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una herramienta internacional que busca facilitar la protección de invenciones en distintos países. La decisión del Senado representa un cambio importante para investigadores, universidades, startups y empresas que desarrollan tecnología y necesitan resguardar sus innovaciones fuera del país. El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuenta con otros 158 países adheridos y convierte a la Argentina en el último integrante del G20 en incorporarse.
La aprobación también tiene implicancias comerciales y diplomáticas. La adhesión al PCT era uno de los requisitos del entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos, además de formar parte de los compromisos asumidos en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El Senado había aprobado la incorporación en 1998, pero nunca se concretó. Recién en agosto de 2026 la Cámara de Diputados volvió a tratar la iniciativa y la aprobó con una modificación decisiva: la exclusión del Capítulo II, una instancia que había generado fuertes diferencias dentro de la industria farmacéutica argentina.
Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y cómo funcionaEl PCT permite presentar una única solicitud internacional para iniciar el proceso de protección de una invención en múltiples países, en lugar de comenzar trámites independientes en cada jurisdicción desde el primer momento. Además de simplificar los procedimientos administrativos, amplía de 12 a 30 meses el plazo habitual para decidir en qué mercados continuar con las solicitudes y proporciona información técnica para evaluar las posibilidades de patentamiento. Sin embargo, no crea una patente mundial ni garantiza protección automática: cada país conserva la facultad de conceder o rechazar las solicitudes según su legislación, y en Argentina esa responsabilidad seguirá en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El nuevo esquema puede beneficiar especialmente a las compañías que buscan expandirse internacionalmente, a las universidades que desarrollan investigaciones aplicadas y a los emprendimientos tecnológicos que necesitan proteger sus conocimientos antes de buscar financiamiento. Sectores como la agroindustria, la biotecnología, la salud, la energía y la economía del conocimiento aparecen entre los principales interesados. Para estas actividades, contar con procedimientos internacionales más previsibles puede facilitar alianzas comerciales, atraer inversiones y mejorar las posibilidades de llevar desarrollos argentinos a otros mercados.
La polémica por los medicamentos y el capítulo que quedó afueraUno de los principales obstáculos para alcanzar el acuerdo fue el Capítulo II del tratado, que contempla un examen preliminar internacional opcional para evaluar la patentabilidad de una invención antes de avanzar en las etapas nacionales. Los laboratorios locales cuestionaron esa herramienta por considerar que podría favorecer el denominado evergreening o reverdecimiento de patentes: una práctica mediante la cual se introducen modificaciones menores en medicamentos existentes para intentar extender derechos de exclusividad sin mejoras terapéuticas significativas. También advirtieron que los informes de oficinas extranjeras podrían condicionar las decisiones del INPI.
Para destrabar la aprobación, el Congreso decidió adherir al PCT con una reserva sobre ese capítulo, una solución que permitió avanzar con el resto del tratado. Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) consideraron que una adhesión completa «hubiera sido el escenario más conveniente», aunque respaldaron la decisión legislativa. La entidad sostuvo que el acuerdo abre las puertas a un sistema de propiedad intelectual «más moderno, previsible y alineado con estándares internacionales» y lo definió como «un paso concreto para transformar innovación y conocimiento en desarrollo productivo».
El impacto sobre la industria farmacéutica, las inversiones y la innovaciónAmCham destacó que la protección de patentes resulta especialmente relevante para la investigación y el desarrollo de medicamentos, debido a los elevados costos y tiempos necesarios para introducir nuevos tratamientos. «Crear un nuevo medicamento puede demandar entre 10 y 15 años y una inversión cercana a los USD 2.600 millones», señaló la entidad, que también indicó que menos del 10% de las moléculas investigadas obtiene aprobación regulatoria. Según su análisis, los retrasos en los procedimientos reducen la exclusividad comercial efectiva de los medicamentos innovadores a entre 8 y 12 años, pese a que la protección legal se extiende durante 20 años desde la presentación. «Cuando ese plazo termina, ingresan los genéricos o biosimilares, lo que amplía la competencia y el acceso a los tratamientos», explicaron.
En Argentina, la industria farmacéutica concentra cerca del 50% de la inversión privada en investigación y desarrollo, con más de US$ 700 millones anuales, según datos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología citados por AmCham. Además, 9,5 de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar investigación empresarial corresponden a estudios clínicos, y las compañías nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) aportan el 95% de esos fondos. La entidad también remarcó que el tratado puede favorecer a otros sectores, como la biotecnología agrícola y las startups, al facilitar la protección de desarrollos, la transferencia tecnológica y el acceso al financiamiento para proyectos innovadores.
Sturzenegger celebró la aprobación y el sector privado anticipa nuevas oportunidadesEl ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión del Congreso con una frase contundente: «Esperamos 56 años pero llegó». Según el funcionario, se trata de «el avance más importante para la ciencia, para el Conicet, para el ecosistema emprendedor y para los industriales que apuestan a innovar en décadas». También explicó que anteriormente obtener protección internacional podía implicar costos de entre cinco y diez veces los de una presentación local, y afirmó que «una patente presentada en Argentina tendrá protección global». No obstante, el alcance jurídico del PCT se limita a facilitar la solicitud internacional, ya que las patentes siguen dependiendo de la aprobación de cada país.
El sector privado también recibió favorablemente la incorporación de Argentina al acuerdo. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo: «Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva. Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales». Por su parte, CAEMe calificó la aprobación como «histórica» y aseguró que «este avance envía una señal clara de compromiso con la investigación, el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología». Para ambas entidades, el desafío será aprovechar el nuevo marco para fortalecer la innovación, las inversiones y la competitividad argentina.
