En octubre, la Secretaría de Energía cambió cuánta electricidad subsidiada recibirán los hogares que viven en zonas de calor este verano. Los hogares con subsidio pagan un precio reducido solo hasta cierto umbral de consumo por mes. En la mayor parte del país, ese tope en verano es de 300 kWh. Desde ahora, en las zonas cálidas sube a 370 kWh, y en las muy cálidas a 500 kWh. El cambio alcanza a más de 2,3 millones de hogares de 15 provincias.
La medida nació en agosto, cuando el Gobierno logró el acompañamiento legislativo en el Congreso para el recorte al régimen de Zonas Frías del gas, una medida necesaria. Sin embargo, el diseño tarifario llegó después de un acuerdo contrarreloj, y los apuros se notan.
La pregunta de fondo es simple: ¿quién decide cuánta electricidad necesita un hogar vulnerable para pasar el verano? Hoy la respuesta la da un mapa. La norma IRAM 11603, diseñada para orientar la construcción de viviendas según el clima, divide al país en zonas bioambientales. Nunca se pensó para medir cuánta energía necesita un hogar y, por lo tanto, no toma en cuenta el ingreso, ni la calidad de la casa, ni el consumo real de los hogares.
Tomemos como ejemplo Salta, una provincia que está incluida tanto en el régimen de zonas cálidas como en el de zona fría. Las ciudades de Orán y Tartagal tienen entre noviembre y abril prácticamente la misma temperatura media que Resistencia. Sin embargo, las dos primeras son zona cálida y la capital chaqueña es zona muy cálida. Por lo tanto, ante igual temperatura, las familias salteñas reciben un subsidio menor. Orán y Tartagal enfrentan entre 78 y 84 días al año con máximas de 35°C o más, tantos como Resistencia. Es una distorsión que solo se explica por usar un mapa basado en promedios de temperatura de décadas pasadas, que queda por detrás de la realidad térmica actual.
Pero el clima es solo una parte del problema. Según el último Censo, de 2022, en los ocho departamentos del norte salteño (siete de ellos fuera de la zona muy cálida), el 41,6% de los hogares vive bajo un techo de chapa sin cielorraso, cuatro veces más que el promedio del país. Dos de cada tres hogares tienen alguna privación material. Un techo de chapa no se arregla con una tarifa. Mientras exista, la única forma de hacer habitable la casa en enero es usando energía eléctrica.
Es claro que el clima es un instrumento para definir las necesidades de energía, pero no debería ser el único. Una buena práctica es que la necesidad del hogar defina cuánto se subsidia y a quién.
La literatura regulatoria lo plantea con claridad. Un trabajo clásico del Banco Mundial (Komives y otros, 2005) señala que el bloque subsidiado debe corresponder al consumo básico de los hogares, y ese consumo cambia de un lugar a otro. Un subsidio bien diseñado llega a quien lo necesita y en la medida en que lo necesita.
En la electricidad, la primera condición (a quién llega el beneficio) ya se cumple. Solo reciben un bloque de energía subsidiada los hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que pasaron un filtro de ingresos y patrimonio. El riesgo que el Congreso quiso corregir en la modificación de Zona Fría, es decir, subsidiar a quien no lo necesita, aquí no existe. Lo que falta resolver es cuánto subsidiar.
Para eso la información está disponible. Las distribuidoras registran mes a mes lo que consume cada hogar. Esos registros muestran también que un consumo bajo no siempre indica una baja necesidad. Siguiendo con el ejemplo de Salta, en el departamento de Rivadavia, donde los indicadores de pobreza son los más profundos de la región, el consumo registrado es menor que en los departamentos vecinos, aun con temperaturas mayores. El hogar promedio consume menos porque las familias no tienen recursos con qué equiparse.
Resolver este tema no requiere nuevos encuadres tarifarios ni innovaciones regulatorias. Basta con revisar los fundamentos del Decreto 943/2025, que exige fijar los consumos diferenciales con criterios objetivos y técnicamente fundados. A su vez, la Resolución SE 13/2026 ya prevé actualizar la zonificación. Alcanzaría con complementar el mapa con tres indicadores públicos y verificables. El primero son los días de calor extremo que registra el Servicio Meteorológico Nacional. El segundo, la privación y la condición de la vivienda que mide el Censo. El tercero, el consumo facturado de los hogares subsidiados.
Además, es una medida de bajo costo. El Gobierno anunció que el recorte de la Zona Fría ahorra unos $272.000 millones. Según una estimación preliminar, llevar a los hogares subsidiados del norte salteño a zona muy cálida costaría a la Nación unos $4.100 millones por temporada, menos del 2% de ese ahorro. El espacio fiscal para financiarla existe.
Ese mismo recorte, origen de la ampliación del beneficio de zona cálida, vino acompañado de la extensión hasta 2031 del recargo de hasta 7,5% sobre el precio de cada molécula de gas que consumen todos los usuarios del país. Sin embargo, no se conoce el costo fiscal de la ampliación de las zonas cálidas en todo el país. Con menos beneficiarios y la misma alícuota, nadie explicó cuál sería el destino de los recursos. Si no se justifica o no se utiliza para financiar el costo energético de familias vulnerables, el riesgo es que este recargo se parezca cada vez más a un impuesto.
Incorporar el clima al subsidio es un avance. Pero mientras la cantidad subsidiada dependa de un mapa pensado para construir edificios y no de la necesidad real de cada hogar, el calor seguirá entrando por la ventana a la tarifa del próximo verano.
