El mapa productivo argentino atraviesa una transformación que también empieza a reflejarse en las estrategias de los gobiernos provinciales. En los últimos meses, distintas jurisdicciones anunciaron reducciones impositivas, regímenes de promoción y beneficios para atraer inversiones vinculadas con la energía, la minería y la industria. Catamarca anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria; La Pampa ofrece exenciones de hasta el 100% de los impuestos provinciales comprendidos en su régimen y estabilidad fiscal por quince años para integrarse a la cadena de Vaca Muerta; Córdoba aprobó un nuevo régimen de promoción industrial, mientras que Mendoza y Río Negro avanzan con incentivos para proyectos de mediana escala. Neuquén, por su parte, combina beneficios fiscales con exigencias de contratación de mano de obra local.
Estas iniciativas expresan algo más que una competencia por reducir la carga tributaria. Reflejan un cambio en el posicionamiento de los gobiernos provinciales frente a un ciclo de inversiones que puede modificar la estructura productiva del país. Las jurisdicciones buscan atraer capital, pero también capturar una mayor proporción de las actividades, el empleo y las capacidades empresariales que se generan alrededor de los grandes proyectos de inversión.
La discusión, entonces, no debería limitarse a cuánto dejan de recaudar los Estados provinciales, sino a qué capacidades económicas pueden construir a partir de esos incentivos. La política tributaria puede ser una herramienta de desarrollo, siempre que contribuya a generar inversiones adicionales, ampliar la actividad económica, fortalecer los entramados empresariales y mejorar la inserción de cada territorio en las cadenas de valor.
El caso de Neuquén permite dimensionar la discusión. En mayo de 2026, durante una exposición vinculada con la actividad energética en Houston, el gobernador Rolando Figueroa defendió el impacto del RIGI con una comparación entre su costo fiscal y los ingresos que generaría la expansión de la actividad hidrocarburífera. Según sus estimaciones, la provincia resignaría alrededor de US$ 3,5 millones en recursos coparticipables durante los siguientes cuatro años, como consecuencia de la reducción del Impuesto a las Ganancias prevista en el régimen. En contrapartida, proyectó ingresos fiscales provinciales cercanos a los US$ 970 millones hasta 2030, entre regalías e impuestos provinciales. La cifra ascendería a aproximadamente US$ 1.158 millones al incorporar los ingresos adicionales vinculados con la participación de GyP en dos áreas.
Se trata de proyecciones oficiales, no de resultados ya concretados, y su cumplimiento dependerá de la materialización de las inversiones y de su impacto sobre la actividad. Pero el ejemplo permite introducir una cuestión central, la adicionalidad. La pregunta relevante es cuánto de la inversión y de la actividad económica se genera efectivamente gracias a los incentivos y cuánto habría ocurrido de todas formas. Sin esa evaluación, resulta difícil determinar si el costo fiscal está justificado.
Además, el desafío neuquino no termina en la extracción de hidrocarburos. La oportunidad consiste en ampliar el entramado de actividades que acompaña esa expansión, como talleres industriales, metalmecánica, servicios especializados, logística, mantenimiento, ingeniería y soluciones tecnológicas. La capacidad de transformar una inversión energética en oportunidades para empresas locales y empleo calificado será determinante para que el crecimiento tenga efectos más amplios y persistentes sobre la economía provincial.
La estrategia de La Pampa parte de una lógica complementaria. Aunque los principales recursos de Vaca Muerta se encuentran en Neuquén, la provincia busca aprovechar su cercanía geográfica para atraer actividades logísticas, servicios especializados e infraestructura operativa. El Plan de Integración Productiva contempla exenciones de hasta el 100% de los impuestos provinciales alcanzados por el régimen y estabilidad fiscal por quince años, además de herramientas para facilitar el acceso a tierras y financiamiento. La apuesta es que una parte de los servicios y de las capacidades empresariales que demanda el desarrollo energético pueda localizarse también fuera de la provincia donde se encuentra el recurso.
Catamarca, por su parte, busca utilizar los incentivos para ampliar el alcance de su actividad minera. La eliminación de Ingresos Brutos para la industria, anunciada por el gobierno provincial y aún sujeta al trámite legislativo correspondiente, apunta a favorecer actividades de transformación y procesamiento. El objetivo es que la minería no se limite a la extracción, sino que pueda impulsar nuevas etapas productivas y una mayor participación de empresas locales.
En Córdoba, la nueva Ley de Promoción Industrial crea un régimen de incentivos a las inversiones, la innovación y el empleo, con exenciones impositivas generales por diez años y plazos de hasta quince años para determinadas localizaciones. El esquema contempla inversiones en activos fijos, maquinaria y tecnologías vinculadas con la Industria 4.0, además de herramientas para estimular la capacitación y la incorporación de trabajadores en las PyMEs. Otras provincias, como Mendoza y Río Negro, también exploran distintas combinaciones de beneficios fiscales y estabilidad para atraer proyectos productivos.
Hay una razón económica detrás de buena parte de estas medidas. Ingresos Brutos es un impuesto acumulativo que grava las distintas etapas de producción y comercialización sin permitir descontar plenamente el tributo pagado en las etapas anteriores. Su incidencia puede ser especialmente significativa en cadenas de valor extensas, con numerosos proveedores y subcontratistas. Por eso, una reducción de la carga puede mejorar la competitividad de las empresas y facilitar la integración de proveedores. Sin embargo, el efecto no es automático: depende de la estructura de cada actividad, de las condiciones de acceso al beneficio y de que la reducción se traduzca efectivamente en más inversión y producción.
En este punto aparece una dimensión que suele quedar relegada en el debate tributario: las capacidades del Estado. Ofrecer una exención o una estabilidad fiscal es relativamente sencillo; identificar oportunidades productivas, evaluar proyectos, negociar compromisos, coordinar organismos y monitorear resultados requiere capacidades técnicas e institucionales mucho más complejas. Los incentivos necesitan objetivos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué inversiones se concretaron, cuántos empleos se generaron, qué empresas locales se incorporaron como proveedoras y qué capacidades tecnológicas quedaron instaladas.
La competitividad de un territorio no depende exclusivamente de sus recursos naturales ni de sus alícuotas impositivas. También requiere infraestructura, capital humano, financiamiento, calidad regulatoria, información y equipos técnicos capaces de sostener políticas en el tiempo. Sin esas condiciones, los beneficios fiscales pueden atraer proyectos puntuales, pero difícilmente construyan ventajas productivas duraderas.
También es necesario superar una mirada estrictamente provincial. Las cadenas de valor no reconocen los límites administrativos. La actividad hidrocarburífera de Neuquén puede generar oportunidades logísticas y de servicios en La Pampa, mientras que empresas de Córdoba pueden aportar maquinaria, ingeniería y bienes de capital. La coordinación entre jurisdicciones permitiría aprovechar complementariedades y construir un entramado productivo regional con mayor escala y especialización.
El desafío del federalismo económico argentino es pasar de una competencia centrada exclusivamente en los beneficios tributarios —una herramienta válida, pero insuficiente— a otra basada en la capacidad de cada territorio para ofrecer condiciones integrales de competitividad. Esto requiere inversiones privadas, pero también Estados provinciales con capacidades técnicas e institucionales para planificar, coordinar, implementar y evaluar políticas de desarrollo productivo.
Las provincias no solo compiten por atraer inversiones. También tienen la oportunidad de competir por desarrollar proveedores, generar empleo calificado, incorporar tecnología y construir capacidades productivas que trasciendan cada proyecto. Allí reside la posibilidad de transformar el actual ciclo de inversiones en una verdadera estrategia de desarrollo federal.