El ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió en la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la que anunció una serie de modificaciones de carácter tributario.
Entre las medidas se destacan la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos y otras medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027 (que fue oficializada este miércoles).
Además, el funcionario se comprometió a mejorar los planes de facilidades de pago de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en avanzar en la posibilidad de utilizar saldos a favor provenientes de exportaciones o del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cancelar deudas aduaneras.
Consultado por El Economista, el presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo, aseguró que «las tres medidas anunciadas están en línea con los pedidos que realizamos en distintos momentos al Ministerio de Economía y al fisco nacional».
No obstante, el especialista explicó que la idea de la entidad es mucho más ambiciosa, ya que incluye un programa impositivo especial que se aplique para la industria. «Un pacto fiscal que propone modificaciones en todos los niveles de gobierno», aclaró.
A nivel nacional, la propuesta incluye, entre otras, la posibilidad de computar las contribuciones patronales y el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios a cuenta de IVA y de Ganancias, reducir la alícuota de Ganancias al 25%, permitir la amortización acelerada en Ganancias y, fundamentalmente, una estabilidad fiscal por 30 años.
Los compromisos de alcance provincial incluyen la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos para el sector, así como la exclusión a la industria de los regímenes de retención y percepción, así como la eliminación de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello al financiamiento productivo.
Por último, a la hora de hablar de los municipios, Abeledo plantea la necesidad de establecer tasas municipales que tengan un costo que sea proporcional a los servicios efectivamente prestados.
«La idea es lograr un pacto fiscal industrial federal para que el sector industrial, que es un sector que consideramos que está golpeado por la situación actual, tenga un impulso con la rebaja impositiva que le otorgue competitividad», concluyó.
Suspensión de embargosConsultado sobre la suspensión de embargos, Humberto Bertazza, titular del estudio Bertazza, Nicolini, Corti & Asociados, aseguró que «la medida es realmente muy positiva porque tiene un alcance muy amplio».
«Anteriormente estaban vinculadas las empresas del sector salud y las entidades sin fines de lucro, pero con la resolución del Ministerio de Economía ahora incluye a las MiPyME y a las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes», puntualizó.
Por último, Bertazza consideró que «si bien desde el punto de vista tributario es realmente importante, es muy posible que sea necesaria una prórroga ya que las condiciones económicas y financieras posiblemente no cambien al 30 de junio de 2027».
También Jorge Gebhardt, director del Departamento de Impuestos del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, se manifestó a favor de suspender los embargos y las medidas cautelares en favor de las PyME.
Si bien está a favor del anuncio sobre las mejoras en los planes de pago anunciados, Gebhardt consideró que «sería conveniente impulsar una moratoria que permita la condonación de intereses (por ejemplo, por pago en efectivo) y que posea un interés fijo relativamente bajo (un 15%, por caso)».
«Claro que las posibilidades políticas de llevar adelante una medida así es más compleja, ya que se requiere de una ley, pero creo que sería muy buena para aliviar la situación de muchos contribuyentes», añadió.
Por su parte, Miriam Roldán consideró que esta medida, junto a los cambios en el plan de facilidades «es aire para empresas que hoy, con las cuentas embargadas, no pueden garantizar el pago de sueldos y el cumplimiento con los gastos fijos de su estructura».
Sin embargo, aclaró que «es un paliativo, que festejamos y el Ejecutivo pone a disposición, pero no una solución». Y añadió que «suspender una medida hasta una fecha no resuelve qué pasa el día después».
La socia del estudio MyB considera que la solución de fondo debe darla el Congreso con una ley y recordó que ya hay varios proyectos en danza. Uno, que surge de propuestas de contadores que trabajan a diario con PyME y que impulsa la senadora Carolina Losada, prevé los siguientes puntos:
La notificación e intimación previa, con un plazo para regularizar antes de la ejecución. Que se informe al contribuyente los mayores costos que la ejecución le generaría. La posibilidad de acreditar que los fondos embargados estaban destinados al pago de sueldos, para que se liberen y vuelvan al empleador.»Queda además una cuestión de fondo: por qué la cadena de pagos lleva a las PyME a financiarse con el fisco y por qué tantos planes de pago caducan y se vuelven a caer», indagó Roldán y concluyó: «Entender esas causas es clave para que el alivio de hoy no sea el problema de mañana».
Otros anunciosCaputo, además de hablar de los embargos, los planes de pago y de los saldos a favor de exportadores, aseguró que el Gobierno buscará incentivar la venta de vehículos a través de créditos blandos.
En este sentido, Gebhardt consideró que existe una herramienta impositiva que puede ayudar muchísimo para reactivar el mercado automotor: la actualización de las deducciones que existen hoy en Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hace más de 30 años que las amortizaciones de los automóviles prácticamente no son computables y lo mismo sucede con el crédito fiscal en el IVA. Si se permitiera, por un plazo de tiempo determinado, posiblemente haya un boom de ventas y el sacrificio fiscal que se produjera sería compensado por la reactivación que generaría», aseguró.
En esta línea, recordó que «hace unas décadas, cuando se permitía computar estas deducciones, las empresas renovaban su flota de vehículos cada 2 años. Hablamos de 30, 50 o 90 autos por empresa».
Por último, el funcionario también dejó espacio en su discurso para el Impuesto a los Sellos, de carácter provincial, al transmitir el deseo de eliminarlo. La idea es que la Nación aporte el 50% de la recaudación a las jurisdicciones y que el otro 50% lo absorba cada jurisdicción.
En cuanto a esta propuesta, Gebhardt se mostró escéptico sobre el resultado de la medida. «Coincido en la necesidad de reducir o eliminar este impuesto, pero no sé si el camino por el que opta el Gobierno es el correcto», manifestó.
El experto recordó que «en los 90, se llevó adelante una acción similar con el objetivo que los gobernadores redujeran o eliminaran algunos impuestos distorsivos, pero todo quedó en un esfuerzo nacional».
La generalización del RIGI a todos los contribuyentes es un pedido que se repite desde el momento en el que se dio a conocer el proyecto que definía las condiciones del régimen de incentivos. Y fue el mismo titular de la UIA, Martín Rapallini, quien reclamó por la creación de un RIGI industrial.
En este escenario, Gebhardt coincidió con la necesidad de llevar adelante una medida de este estilo, aunque con algunas salvedades, ya que aplicar todos los beneficios de manera general puede ser contraproducente.
Entre los aspectos que mantendría estaría el de «reducir la alícuota de Ganancias al 25% (más el 7% por dividendos), ya que estaría en línea con el nivel internacional». «Y la estabilidad fiscal también sería muy buena, aunque podría limitarse a 10 años en líneas generales», remató.
Los reclamos son muchos. Habrá que ver qué posibilidades, más allá de los anuncios realizados por el Ministro de Economía, tiene el Gobierno nacional de cumplir con las necesidades de la industria.