El Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más discutidos de su agenda financiera: retirará por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que había enviado a Diputados. La medida llegó tras la polémica por una propuesta que podía impactar en miles de inversores y que abría la puerta a cambios en la tributación de los CEDEARs.
La iniciativa original no solo alcanzaba al tratamiento impositivo de esos instrumentos, sino que también incluía reformas sobre fondos comunes de inversión, créditos, garantías y activos digitales. Ahora, con el retiro del texto, el oficialismo deberá redefinir el alcance de la reforma y decidir qué partes —si alguna— volverán a presentarse en el Congreso.
Por qué el impuesto a los CEDEARs generó tanta polémicaEl eje del conflicto estuvo en el artículo 230 del proyecto, que proponía modificar el inciso u) del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En la práctica, buscaba eliminar la exención vigente para determinadas operaciones con CEDEARs, los certificados que permiten invertir en activos del exterior desde el mercado local.
Actualmente, las ganancias obtenidas por la compraventa de CEDEARs que cumplen con los requisitos legales están exentas del tributo para las personas humanas residentes en Argentina. La reforma pretendía que los CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 recibieran el mismo tratamiento que los activos extranjeros que representan. Así, las ganancias por su venta podrían quedar alcanzadas por Ganancias, aun cuando la operación se realizara en el mercado argentino.
Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez, la alícuota aplicable podría haber sido del 15%. Sin embargo, la propuesta no implicaba un impuesto sobre la mera tenencia de CEDEARs, sino sobre el resultado positivo obtenido al venderlos.
Punto clave: el cambio no estaba vigente ni afectaba las obligaciones actuales de los inversores, ya que dependía de la aprobación del Congreso.
El argumento oficial se apoyaba en el principio de transparencia fiscal, también conocido como look-through. La intención era equiparar el tratamiento tributario de quienes compran directamente acciones u otros activos en el exterior con el de quienes acceden a esos mismos instrumentos a través de certificados negociados en la Argentina.
Qué decidió el Gobierno y cómo se gestó la marcha atrásLa primera señal pública llegó de la mano de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Frente a las críticas, escribió en su cuenta de X: «Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar».
Pero la decisión final fue más amplia de lo anunciado inicialmente. Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada y del bloque de diputados de La Libertad Avanza, el Ejecutivo retirará la totalidad de la Ley de Competitividad Financiera, por lo que el tratamiento parlamentario quedará interrumpido hasta la presentación de una nueva versión.
El proyecto había ingresado esta semana a Diputados y contaba con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. La propuesta retomaba medidas anunciadas por el Gobierno en julio y apuntaba a modernizar distintos segmentos del sistema financiero.
De acuerdo con la información publicada por El Economista, el tratamiento tributario de los CEDEARs había sido debatido previamente dentro del Gobierno. La Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal Murphy, había advertido sobre el contenido del artículo, mientras que el tema también se analizó en reuniones de la mesa política con participación de Sturzenegger y contactos con autoridades del BCRA y la Comisión Nacional de Valores.
Una fuente al tanto de esas conversaciones sostuvo: «No es que se charló, se debatió bastante durante media hora. Cada cual tenía sus posiciones y después se dejó a merced de lo que decidieran las partes que estaban planificando el proyecto». Esa versión contradice la explicación inicial de que la disposición cuestionada había quedado en el texto por tratarse de un borrador anterior.
Qué otras reformas financieras quedaron frenadasLa iniciativa no se limitaba al impuesto a los CEDEARs. También incluía cambios de fondo en el sistema financiero y en la operatoria de instrumentos de inversión, con impacto potencial sobre empresas, ahorristas y el mercado de capitales.
Fondos comunes de inversión: el artículo 179 proponía eliminar determinadas exenciones del Impuesto a las Ganancias.Blockchain y tokenización: buscaba incorporar tecnologías para emitir, registrar, transferir y negociar valores negociables.Otros Ámbitos de Negociación Autorizados: contemplaba plataformas digitales y sistemas administrados por proveedores habilitados de servicios de activos virtuales.Garantías para acceder al crédito: ampliaba los activos utilizables como respaldo, incluyendo activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, créditos contractuales y fondos en billeteras digitales.Modernización de instrumentos financieros: preveía cambios en pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos y facturas de crédito electrónicas para pymes.Uno de los ejes más ambiciosos del texto era la incorporación de herramientas digitales para ampliar la trazabilidad y la seguridad de las operaciones. La propuesta permitía operar con instrumentos tokenizados fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, el proyecto impulsaba un Sistema Federal de Registro de Garantías y habilitaba nuevas formas de financiamiento para facilitar el acceso al crédito, especialmente en un contexto donde la innovación financiera se volvió una prioridad para el Gobierno.
Qué pasará ahora con los CEDEARs y la reforma financieraCon el retiro del proyecto, la modificación del Impuesto a las Ganancias sobre los CEDEARs no avanzará en el Congreso en los términos presentados. Por lo tanto, se mantiene el régimen tributario vigente, que conserva la exención para las ganancias obtenidas por personas humanas residentes mediante operaciones que cumplen con las condiciones legales.
La decisión también obliga al Gobierno a revisar el resto de las reformas financieras incluidas en el paquete. Por ahora no hay una fecha confirmada para una nueva presentación ni precisiones sobre cuáles de los 240 artículos serán conservados, modificados o eliminados.
En adelante, la Casa Rosada deberá definir si vuelve a enviar una iniciativa integral o si divide el proyecto en propuestas más específicas. Mientras tanto, la marcha atrás deja en suspenso tanto los cambios tributarios como las herramientas de financiamiento y modernización del mercado de capitales que el oficialismo buscaba impulsar antes del cierre del año legislativo.