Ventas en caída, costos al alza y mayor competencia de productos importados. A ese combo que viene impactando con fuerza sobre buena parte de las pymes industriales y el comercio minorista se le agrega, por si hiciera falta algo más, otra carga que adquiere cada vez mayor peso: el contrabando.
Lejos ya de ser un fenómeno limitado a las zonas de frontera, el ingreso ilegal de productos se extiende por buena parte del país impulsado por los canales digitales. Una mera publicación alcanza para conectar a un vendedor de mercadería irregular con compradores de cualquier parte del país, una dinámica que viene acelerando el comercio ilegal y amplificando sus efectos.
Un estudio encargado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) a la consultora SINNETIC estimó que el peso del contrabando, la falsificación de marcas y otros mecanismos de comercialización que funcionan al margen de los canales legales ya equivalía en 2023 al 5,06% del PBI -unos U$S 32.700 millones- y se proyecta al 5,22% en 2028. Sin embargo, dado que estas operaciones ocurren fuera del circuito formal, medir su peso es una tarea difícil. De hecho, el mismo documento señala que gremios y consultoras privadas calculan el peso del comercio ilícito en un margen que va del 2% al 4% del PBI.
En cualquiera de esos casos, el nivel de competencia desleal es elevado e implica sumar una carga adicional a miles de empresas. «El contrabando es un problema estructural que siempre hay que combatir, pero que en el actual contexto se vuelve aún mucho más preocupante», dijo a El Economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D (Industria y Desarrollo). «La entrada ilegal de productos impacta sobre la industria y el comercio minorista, dos sectores golpeados que vienen perdiendo a razón de más de 8.000 empleos formales por mes», agregó.
El fenómeno se expande en forma cada vez acelerada en distintos rubros. En celulares, por ejemplo, se estima que ingresan al año en forma irregular 3,2 millones de equipos, lo que representa más de un tercio del mercado. La incidencia también es muy alta en bebidas alcohólicas. Según relevó el año pasado la Cámara de la Industria Cervecera, el 40% de los productos comercializados en autoservicios, almacenes y comercios de barrio del AMBA es de origen ilegal.
El nivel de informalidad trepa a más del 80% en algunos rubros del sector de Perfumería. «Sobre todo en los productos de bajo valor, el contrabando tiene una afectación muy importante», dijo a El Economista Andrés Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA). «El impacto mayor es en maquillaje y fragancias, y también es fuerte en protectores solares y productos orientados a niños», agregó.
En el sector textil, el contrabando de prendas a través de pasos fronterizos informales y su comercialización masiva ya no solo en ferias físicas tradicionales, sino también por redes sociales como Instagram y TikTok crece sin pausa. Eso se suma a la competencia desleal que ingresa con dumping en el segmento formal: ante la Aduana se han llegado a declarar remeras con precios de un centavo de dólar y jeans, por 10 centavos. En tanto, en el sector del calzado se estima que ingresan anualmente por contrabando entre 6 y 10 millones de pares.
Efectos en producción, empleo y saludCon una demanda que no levanta y una masiva entrada de productos tanto por el canal legal como ilegal, sectores industriales no paran de contraerse. La utilización de la capacidad instalada en la industria textil cayó en agosto al 44,6%, según el INDEC. Eso implica que casi seis de cada diez máquinas están apagadas. La crisis empujó al cierre de más de 700 empresas del rubro desde diciembre de 2023 y la pérdida de más de 28.000 empleos formales en la cadena de valor textil, confección y calzado.
El impacto también es muy fuerte en artículos electrónicos y electrodomésticos. De hecho, el aumento del contrabando fue una de las razones esgrimidas por Goldmund S.A. -controlante de Peabody- para desmantelar su planta de La Tablada y reconvertir su negocio hacia la importación y comercialización.
El escenario es similar en el segmento de los termos, donde ganan terreno las falsificaciones de las marcas líderes. En el caso de Stanley, esos productos se comercializan a precios hasta cinco veces más bajos que el original. En el caso de Lumilagro, el crecimiento del contrabando fue una de las razones que llevó a la empresa a apagar los hornos de su planta histórica en Tortuguitas y reconvertirse en importadora de ampollas de vidrio -usadas para conservar la temperatura- y productos terminados desde India, Vietnam y China.
Esos ejemplos son solo muestras de una tendencia que despierta alertas entre las empresas. De acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) en septiembre pasado, el 59,7% de 628 firmas industriales señaló que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad. Eso representa un crecimiento de 6 puntos porcentuales con respecto a un año atrás. La incidencia resulta especialmente elevada en metales comunes (88,2%), textiles (84,6%) y en confecciones, cuero y calzado (76,2%).
En todo caso, además de los severos impactos sobre la producción y el empleo, el contrabando también implica un riesgo creciente para la salud. Esos productos evaden los controles sanitarios obligatorios de organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por ejemplo, los termos falsificados utilizan acero de baja calidad en lugar del acero inoxidable de grado alimentario, lo que puede liberar metales tóxicos como plomo, arsénico o cobre al entrar en contacto con el agua caliente.
También es elevada la presencia de cosméticos y artículos de maquillaje infantil que carecen de pruebas dermatológicas, mientras que los perfumes que ingresan en forma ilegal suelen contener metanol, un sustituto barato del alcohol apto para uso cosmético. «En nuestro rubro, los protectores, por ejemplo, requieren de controles de fabricación y testeos que no sabemos si esos productos que ingresan en forma ilegal los tienen; lo más probable es que no», dijo Rodríguez, de la cámara que agrupa a los productores de higiene personal, cosmética y perfumería.
¿Y el gobierno?Las condiciones estructurales para el crecimiento del contrabando están sobre la mesa. Por un lado, la caída del poder adquisitivo empuja a buena parte de los consumidores a volcarse hacia canales informales para adquirir productos a menor precio. A eso se suman brechas tributarias y arancelarias con países vecinos que generan amplias diferencias de precios en el mercado formal. Por último, otro factor que incentiva indirectamente el contrabando es un tipo de cambio bajo que torna más baratos a los productos extranjeros en comparación con los nacionales.
Esas cuestiones se agregan a otras que responden a decisiones tomadas por el gobierno en los últimos años. «Haber eliminado todos los precios de referencia y no tener un freno a la entrada con precios de dumping hacen a una Aduana mucho más laxa», dijo Coatz.
En respuesta a ese tipo de objeciones, el gobierno parece estar dispuesto a adoptar una actitud más proactiva. El lunes pasado avanzó en la firma de convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA) y las principales cámaras relacionadas al comercio para facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales con el objetivo de detectar la oferta de productos ingresados al país de manera ilegal. Este acuerdo se firmó en simultáneo con el alcanzado con las plataformas Mercado Libre y Meta para detectar, reportar y dar de baja publicaciones de productos de contrabando o comercio ilegal.
«El acuerdo anunciado entre la Secretaría de Comercio y plataformas como Mercado Libre y Meta es un avance importante dado que implica identificar al importador responsable, permite orientar los controles hacia el origen de la mercadería y vincular la oferta digital con quien la ingresó al país», dijo Coatz. «Necesitamos que esa identificación se traduzca en trazabilidad verificable: los mecanismos de denuncia y baja de publicaciones son un primer paso, pero pierden eficacia si el mismo vendedor reaparece en otra cuenta».
Además de asestar un duro golpe a la producción y al comercio formal, el auge del contrabando también implica menos recaudación. Según un informe de la consultora MAP, en 2025 la falta de recaudación por aranceles, IVA y otros impuestos generada por el contrabando provocó una pérdida de ingresos fiscales estimada en U$S 2.300 millones, el equivalente a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Con efectos altísimos en la producción, el empleo, la recaudación y hasta en la salud, el contrabando avanza a paso acelerado, y las barreras levantadas por el estado aún no parecen estar a la altura de semejante desafío.