El Gobierno de Javier Milei introdujo dos cambios clave en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema creado por la reforma laboral para financiar indemnizaciones por despido. Su implementación fue postergada del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026, mientras que el plazo mínimo durante el cual los recursos deberán permanecer invertidos pasó de seis meses a un año.
La modificación, oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, implica que las empresas recién podrán comenzar a utilizar los fondos acumulados en 2028, siempre que hayan cumplido los doce períodos mensuales de aportes exigidos por la reglamentación. En la práctica, el nuevo régimen demorará más de lo previsto, pero permitirá una acumulación mayor de capital en el sistema.
La decisión respondió a un pedido de las cámaras de fondos comunes de inversión, que solicitaron más tiempo para preparar los instrumentos financieros y los sistemas necesarios para administrar los recursos. Además, el Ejecutivo consideró que el plazo original de seis meses era insuficiente para constituir un patrimonio capaz de afrontar las obligaciones laborales.
Por qué el Gobierno postergó el FAL hasta diciembreEl FAL es un mecanismo obligatorio para los empleadores alcanzados por la reforma laboral que permitirá acumular recursos destinados al pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo.
Aunque comenzará formalmente el 1° de diciembre de 2026, los primeros aportes se efectivizarían en enero de 2027. Como deberán completarse doce períodos mensuales consecutivos antes de habilitar su utilización, durante 2027 las empresas no podrán recurrir a esos fondos para afrontar despidos.
El objetivo oficial es garantizar una implementación gradual, evitar problemas operativos y asegurar que el sistema alcance una escala suficiente antes de comenzar a realizar desembolsos.
Cuánto aportarán las empresas y cómo se invertirá el dineroEl esquema establece aportes equivalentes al 2,5% de la base salarial para las pymes y al 1% para las grandes empresas. Estos recursos se financiarán mediante una reasignación de contribuciones patronales que actualmente se destinan a la Anses.
El dinero será administrado por vehículos de inversión autorizados y podrá colocarse en instrumentos financieros previstos por la reglamentación, principalmente bonos públicos y acciones de determinadas compañías.
La extensión del período de carencia permitirá acumular recursos durante un año sin rescates por parte de los empleadores. Sin embargo, el FAL no elimina las indemnizaciones ni modifica la obligación de pagarlas: hasta que puedan utilizar los fondos, las empresas deberán afrontar esos compromisos con recursos propios.
El FAL podría aportar US$ 2.000 millones al mercado de capitalesUna vez que el sistema alcance una escala significativa, las estimaciones indican que podría canalizar alrededor de US$ 2.000 millones hacia el mercado financiero argentino, mediante contribuciones mensuales de los empleadores.
La decisión de extender el plazo de inversión también busca reducir la volatilidad de los activos financieros, ya que durante 2027 no habría retiros destinados al pago de indemnizaciones o juicios laborales.
Para las cuentas públicas, el mecanismo tendrá un impacto relevante. Según las proyecciones del Ministerio de Economía incluidas en el Presupuesto 2027, la reasignación de aportes patronales representaría para la Anses una pérdida de recursos cercana al 0,2% del PBI anual.
Qué cambia para las empresas y cuándo podrán usar los fondosLa postergación ofrece un margen adicional a los administradores de fondos para completar la implementación de los productos financieros, adaptar sus sistemas y organizar la recepción de las contribuciones.
Para los empleadores, el principal cambio será el plazo de disponibilidad del dinero. Aunque deberán comenzar a aportar desde la puesta en marcha del régimen, no podrán utilizar esos recursos hasta completar los doce períodos mensuales exigidos.
De esta manera, 2027 será un año destinado a acumular e invertir los aportes, mientras que 2028 marcará el comienzo previsto de su utilización. Hasta entonces, las indemnizaciones y demás obligaciones laborales continuarán financiándose directamente con los recursos de cada empresa.