La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada el 25 de septiembre, creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para nuevas demandas energéticas o ampliaciones de gran escala, entre ellas centros de datos, emprendimientos mineros y otros procesos productivos intensivos en electricidad. Su objetivo inmediato es evitar que estos consumos extraordinarios comprometan el abastecimiento de quienes ya están conectados al sistema o transfieran al conjunto de los usuarios el costo de las inversiones necesarias para atenderlos.
Quien incorpore al sistema una demanda excepcional deberá acompañarla con nueva oferta. La regulación considera XDEM a los proyectos que representen un incremento igual o superior al 0,5% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista, umbral que la Secretaría de Energía estima actualmente en torno de 80 MW. Cada proyecto deberá presentar un Plan Especial de Abastecimiento, contratar nueva producción por al menos el 80% de su consumo efectivo y asegurar potencia firme suficiente para cubrir el 100% de su demanda máxima. Para los centros de datos, por su funcionamiento continuo y su alta sensibilidad a interrupciones, la exigencia de potencia firme se eleva al 115%.
La lógica económica detrás de la norma es razonable: nuestro país busca atraer inversiones de gran escala en sectores que pueden transformar su estructura productiva, pero que a la vez tienden a ser muy intensivas en el consumo de energía. Un data center de inteligencia artificial, una nueva mina o una planta industrial de gran tamaño pueden consumir tanto como una ciudad mediana. Si esas inversiones ingresaran al sistema apoyándose exclusivamente en la generación y la infraestructura existentes, el costo de ampliar la oferta y las redes podría terminar socializándose entre todos los usuarios. La nueva regulación procura invertir esa ecuación: la demanda adicional debe generar también inversión adicional.
Desde la perspectiva de la transición energética, aparece una oportunidad muy importante. La resolución no obliga a que la nueva energía sea renovable; la «Nueva Oferta Elegible XDEM» puede provenir de generación renovable, térmica, hidroeléctrica, nuclear u otras tecnologías que reconozca la Secretaría de Energía. Para potencia firme, la norma admite centrales térmicas, hidroelectricidad, nuclear y sistemas de almacenamiento con una duración mínima de seis horas. Es, por lo tanto, un régimen tecnológicamente neutral. Por esa razón, su impacto sobre la descarbonización dependerá de los incentivos económicos y regulatorios que acompañen su implementación.
La Argentina presenta condiciones excepcionales para que una parte importante de esa nueva oferta provenga de energías limpias. La Patagonia dispone de uno de los mejores recursos eólicos del mundo; el NOA y Cuyo cuentan con irradiación solar de primer nivel; existen capacidades hidroeléctricas y nucleares instaladas y posibilidades de expansión; y el desarrollo de baterías permite reducir progresivamente una de las principales limitaciones de las fuentes renovables variables: su incapacidad para garantizar por sí solas potencia firme durante las veinticuatro horas. La obligación de los grandes consumidores puede así generar una nueva generación de proyectos híbridos: parques solares o eólicos combinados con almacenamiento, contratos de abastecimiento de largo plazo y, cuando sea necesario, respaldo complementario.Los centros de datos son un caso particularmente ilustrativo. La competencia global por atraer infraestructura de inteligencia artificial está asociada cada vez más con la disponibilidad de electricidad abundante, confiable y con baja huella de carbono. Para las grandes empresas tecnológicas, el origen de la energía forma parte de sus compromisos ambientales, de sus estrategias de reducción de emisiones y, crecientemente, de las exigencias de clientes e inversores. En ese contexto, la regulación argentina podría transformar una aparente restricción —la obligación de aportar energía propia— en una ventaja competitiva: la posibilidad de desarrollar grandes instalaciones vinculadas desde su origen a nueva generación renovable y almacenamiento.
Algo similar puede ocurrir con la minería. La electrificación de procesos y la reducción de la intensidad de carbono son cada vez más importantes para la competitividad internacional de minerales como el litio y el cobre. Una mina alimentada en gran proporción por energía renovable no sólo reduce emisiones: puede mejorar la trazabilidad ambiental del producto, facilitar el acceso a financiamiento sostenible y fortalecer su inserción en cadenas globales que empiezan a exigir información sobre la huella de carbono incorporada. Vincular nuevas inversiones mineras con nuevos proyectos renovables puede crear, además, infraestructura energética que beneficie posteriormente al desarrollo regional.
Para que esa oportunidad se materialice, sin embargo, no alcanza con imponer una obligación. El régimen deberá evitar convertirse en una barrera de entrada excesivamente rígida. Desarrollar simultáneamente un proyecto productivo y la infraestructura energética necesaria puede aumentar costos, complejidad contractual y tiempos de ejecución. Será fundamental que existan reglas previsibles para contratos de largo plazo, acceso a redes, ampliaciones de transporte y reconocimiento del almacenamiento. También será necesario coordinar la planificación eléctrica con las provincias, porque muchos de los proyectos intensivos en energía y buena parte del potencial renovable se encuentran lejos de los principales centros de consumo.
El transporte eléctrico es probablemente el cuello de botella más importante. La propia resolución dispone que, cuando varias solicitudes compitan por una capacidad limitada, deben evitarse reservas especulativas y priorizarse proyectos con suficiente madurez. Esto expone un problema estructural: no puede construirse una estrategia de expansión de grandes consumidores y nueva generación sin una extensión paralela de las redes. La política energética deberá combinar, por lo tanto, tres elementos: nueva demanda, nueva generación y nueva infraestructura de transporte.
Existe además una oportunidad para introducir señales ambientales explícitas sin abandonar la neutralidad tecnológica de la regulación. El Gobierno podría facilitar procedimientos para proyectos que combinen nueva demanda con generación renovable y almacenamiento, desarrollar estándares claros para acreditar el origen de la electricidad, fortalecer los certificados de energía renovable y permitir que la reducción de emisiones asociada pueda documentarse de manera robusta. No se trataría de prohibir tecnologías, sino de reconocer el valor económico de producir con una menor huella de carbono.
La Resolución 264/2026 expresa, en suma, un cambio conceptual importante. Durante décadas, la planificación eléctrica partió de una premisa: el sistema debía expandirse para acompañar el crecimiento de la demanda. El nuevo régimen introduce una lógica complementaria para consumos extraordinarios: quien genera una demanda excepcional debe contribuir a crear la oferta necesaria para abastecerla. Si esa obligación se combina con competencia entre tecnologías, contratos de largo plazo, expansión del transporte y reglas que valoren adecuadamente la energía limpia, puede movilizar capital privado hacia una transformación de la matriz energética.
Argentina necesita simultáneamente más inversión productiva y más energía. Plantear ambas agendas como contradictorias sería un error. La llegada de centros de datos, minería, nuevas industrias y otros grandes consumidores puede aumentar fuertemente la demanda eléctrica, y a la vez convertirse en el motor que financie la siguiente ola de generación. El desafío de la política pública es lograr que esa nueva capacidad no reproduzca simplemente la matriz existente, sino que ayude a construir una más abundante, resiliente y limpia. En ese sentido, exigir que los grandes consumidores «traigan su energía» puede ser mucho más que una medida defensiva para proteger el sistema. Puede convertirse en una herramienta de transición energética.