Argentina está atravesando el mayor ciclo de inversiones en minería y energía de su historia. Vaca Muerta consolida su escala exportadora, el litio se expande y el RIGI reunió proyectos por más de cien mil millones de dólares. Frente a este panorama, la pregunta que debería quitarnos el sueño no es cuánto petróleo, gas o litio vamos a exportar, sino qué parte de la enorme demanda de bienes y servicios que generan estos proyectos será atendida por empresas argentinas, y qué parte se diluirá en importaciones sin dejar capacidades instaladas.
En mi reciente investigación «Del contenido local a las capacidades productivas», propongo una herramienta analítica para abordar este desafío: el Ecosistema Industrial Basado en Recursos (RBIE). Un RBIE no es una simple cadena de suministro; es una red estratificada que va desde la extracción primaria hasta los servicios intensivos en conocimiento, la manufactura especializada y, finalmente, las capacidades exportables. Cuanto más profundo es el ecosistema, más capas tiene y más valor agregado retiene el país.
Lamentablemente, se suele confundir el indicador con el objetivo. El RIGI, por ejemplo, establece un requisito mínimo del 20% de contenido local. ¿Es esto suficiente? La experiencia internacional dice que no. Un proyecto puede cumplir holgadamente ese 20% comprando servicios de catering, transporte de personal o limpieza, sin contratar un solo proveedor de metalmecánica especializada, ingeniería de detalle o software. Eso es lo que pasó en Nigeria y en el Golfo. El contenido local avanzó como métrica, pero la transferencia tecnológica fue nula. Se cumplió la ley, pero no se desarrollaron capacidades.
Los casos exitosos —Noruega, Australia, Malasia, Canadá, Finlandia y Chile— nos dejan lecciones claras. Ninguno de ellos se obsesionó con cuotas rígidas. En cambio, construyeron siete condiciones que se refuerzan mutuamente: continuidad institucional más allá de los ciclos políticos, demanda sostenida, articulación entre ciencia e industria, especialización en nichos, condicionalidad de los incentivos a capacidades verificables, financiamiento de largo plazo y evaluación transparente.
En Noruega, los acuerdos tecnológicos obligaban a las transnacionales a invertir en I+D local. En Malasia, el desarrollo de proveedores se hizo por etapas, con supervisión decreciente. En Australia, el Estado creó las condiciones sistémicas, pero fueron las empresas mineras y los proveedores locales, presionados por la crisis de precios, los que innovaron y luego salieron a exportar al mundo.
Argentina tiene una oportunidad histórica, pero también restricciones específicas como la inestabilidad macroeconómica, fragmentación regulatoria entre la Nación y las provincias, y una débil articulación entre el sistema científico y el sector productivo. Las leyes provinciales de «compre local», aunque legítimas en su intención de retener empleo, fragmentan el mercado y fomentan la competencia destructiva entre provincias. Un proveedor de San Juan que quiere vender a una mina en Catamarca enfrenta barreras legales que no enfrentaría un competidor chileno o peruano.
Para que el RIGI y las leyes provinciales no se conviertan en una formalidad administrativa, necesitamos armar una arquitectura de coordinación federal. Propongo avanzar hacia un modelo híbrido donde una unidad de coordinación dentro de una institución existente, con un consejo público-privado asesor que reúna a provincias, empresas operadoras, proveedores y universidades. Este nodo debe tener cuatro funciones vitales: administrar un diagnóstico de capacidades locales, coordinar mesas sectoriales, supervisar que los incentivos se condicionen a capacidades reales (y no a declaraciones juradas), y publicar informes anuales de gestión.
El desafío no es solo extraer más recursos. Los yacimientos se agotan. Las capacidades, si se construyen bien, se quedan. Esa es la diferencia entre un país que exporta recursos y un país que, finalmente, se desarrolla.