El Gobierno prepara cinco medidas para reactivar el crédito en pesos en un contexto desafiante, marcado por la morosidad récord de las familias y la necesidad de recomponer el financiamiento para hogares, comercios y empresas. Tanto el BCRA como la CNV avanzan en cambios regulatorios para ampliar el acceso al crédito, reducir costos y sumar competencia entre entidades financieras.
El paquete oficial llega en un momento de fuerte deterioro de la capacidad de pago y apunta a mejorar las condiciones de financiamiento sin recurrir a asistencia directa a los deudores. La estrategia busca dinamizar el mercado de préstamos en un escenario en el que la Inflación, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito siguen condicionando la actividad.
Las iniciativas fueron presentadas por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante un encuentro con inversores realizado en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia. Pese al deterioro de las carteras crediticias, el funcionario sostuvo que el sistema bancario comenzó a mostrar señales de normalización, con una reducción de los préstamos en situación irregular y un aumento de las refinanciaciones de deudas familiares.
Las cinco medidas que prepara el Gobierno para impulsar el créditoLa primera medida apunta a los préstamos personales de empleados públicos que se descuentan directamente del salario. El BCRA eliminará el límite de las tasas de interés y permitirá transferir los códigos de descuento entre entidades financieras habilitadas. El objetivo es facilitar la circulación de estas carteras y ampliar las opciones de financiamiento, aunque la eliminación del tope también habilitará a cobrar tasas más elevadas.
En el caso de los trabajadores del sector privado, el Gobierno busca modificar el mecanismo de cobro de los créditos con descuento de haberes. Los pagos se centralizarán a través de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa), mientras que cada empleado conservará la facultad de asignar los fondos. De esta manera, las empresas dejarán de intervenir administrativamente en el circuito de cobro.
La tercera iniciativa está dirigida a los comercios que necesitan obtener liquidez antes de cobrar sus ventas con tarjeta. Los cupones pasarán a ser reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles, que podrán utilizarse para acceder a financiamiento. Además, podrán negociarse mediante oferta pública, integrar inversiones de fondos comunes de inversión abiertos y ejecutarse por procedimientos sumarísimos ante incumplimientos.
Nuevas garantías y más financiamiento para las pymesLa cuarta medida contempla la creación de un Sistema Federal de Garantías, que reunirá en una base de datos centralizada la información sobre los activos utilizados como respaldo de préstamos. El objetivo es mejorar la transparencia y facilitar la evaluación de riesgos por parte de los bancos, aunque todavía no se precisaron los plazos ni los detalles de implementación.
La quinta modificación apunta a elevar el límite de apalancamiento para los bancos y ampliar el alcance de las garantías destinadas al financiamiento empresarial. La iniciativa busca fortalecer el funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que permiten a las pequeñas y medianas empresas acceder a préstamos mediante avales, incluso cuando no cuentan con suficiente historial crediticio o patrimonio propio.
Con estas reformas, el Ejecutivo pretende ampliar la oferta de préstamos sin recurrir a mecanismos de asistencia directa a los deudores. La estrategia oficial apuesta a mejorar las condiciones regulatorias y facilitar la participación de nuevos intermediarios financieros.
Qué pasará con las tasas de interés y los préstamos en pesosWerning sostuvo que las condiciones financieras para una recuperación del crédito ya comenzaron a aparecer. Según su presentación, las tasas de fondeo de los bancos son negativas en términos reales, bajas y estables, por lo que actualmente no representarían un obstáculo para ampliar los préstamos.
El vicepresidente del Central aseguró que las tasas de interés ya disminuyeron para las empresas y comenzaron a bajar para los hogares. Como ejemplo, señaló que los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) otorgados en agosto registraron una tasa promedio de UVA más 6,9%.
En paralelo, el BCRA busca extender los plazos de financiamiento y reducir los costos de endeudamiento. Entre las herramientas ya implementadas, el funcionario destacó un nuevo marco prudencial para los préstamos corporativos en dólares y las subastas de fondeo de largo plazo destinadas a impulsar el crédito hipotecario.
Sin embargo, la recuperación enfrenta un desafío central: la morosidad de los hogares continúa en niveles históricamente elevados. Aunque el Banco Central detecta una mejora en los indicadores de préstamos irregulares, el deterioro acumulado de la capacidad de pago sigue condicionando la expansión del financiamiento.
El Banco Central descarta rescatar deudores y apunta contra los impuestosPese al aumento de los incumplimientos, el Gobierno descartó implementar rescates de carteras morosas de los bancos o flexibilizar los requisitos de evaluación crediticia. Werning aseguró que el organismo no recurrirá a «atajos» que puedan generar costos ocultos o comprometer la protección de los depositantes.
La posición oficial apunta a preservar la solidez patrimonial de las entidades, mantener niveles adecuados de liquidez y evitar modificaciones regulatorias que oculten el verdadero estado de las carteras de préstamos.
Otro de los puntos centrales de la presentación fue el peso de los impuestos sobre el costo financiero que enfrentan las familias y las empresas. Según las estimaciones del BCRA, la carga tributaria representa 32 puntos porcentuales de tasa en los préstamos personales y 46 puntos en las tarjetas de crédito. En el caso de los documentos descontados por empresas, alcanza los 13 puntos, mientras que en los créditos hipotecarios llega a 3,3 puntos porcentuales.
El organismo atribuyó buena parte de esa presión a Ingresos Brutos y las tasas municipales. En consecuencia, sostuvo que una reducción significativa del costo del crédito para los hogares dependerá también de cambios fiscales a nivel provincial y municipal, y no únicamente de las decisiones de política monetaria.