El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre los activos estatales con un objetivo financiero concreto: recaudar cerca de US$ 1.500 millones durante 2027 mediante privatizaciones y concesiones. Los fondos forman parte del programa diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir compromisos de deuda externa antes de que finalice el primer mandato presidencial.
Después de concretar la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$ 340,2 millones, el Ejecutivo pondrá el foco en sectores estratégicos como el transporte ferroviario de cargas, la generación eléctrica y la energía nuclear.
La agenda contempla operaciones de distinta naturaleza: desde la transferencia de participaciones accionarias hasta concesiones de infraestructura por varias décadas. En algunos casos, el Estado recibirá ingresos por las adjudicaciones; en otros, el objetivo será atraer inversiones privadas para modernizar instalaciones y ampliar su capacidad operativa.
Belgrano Cargas: la próxima gran privatización del GobiernoEl primer paso importante del cronograma llegará el 11 de noviembre, cuando está prevista la apertura de ofertas para las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas.
El proceso contempla una división de los activos entre talleres, material rodante y vías, con el propósito de permitir la participación de distintos operadores e inversores privados.
Entre los principales interesados aparecen Grupo México Transportes, un consorcio integrado por empresas cerealeras y el grupo Roggio, que recientemente quedó fuera de la operación por AySA.
La privatización ferroviaria tiene especial relevancia para las economías regionales y los sectores exportadores. El Gobierno busca reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad frente al transporte por camión en recorridos largos y facilitar el traslado de productos agroindustriales, minerales y materiales destinados a proyectos energéticos.
La red también resulta estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de litio y cobre del noroeste argentino, que requieren infraestructura de transporte para movilizar grandes volúmenes de producción hacia los centros industriales y los puertos.
AMBA I: una obra eléctrica de US$ 1.100 millones que pagarán los usuariosEl siguiente hito del calendario será el 14 de diciembre, cuando se abrirán las ofertas para la concesión de AMBA I, uno de los proyectos de infraestructura eléctrica más importantes previstos para los próximos años.
La obra demandaría una inversión cercana a US$ 1.100 millones y permitirá reforzar la capacidad de transmisión de energía en alta tensión, con el objetivo de mejorar el abastecimiento y reducir las restricciones de la red.
A diferencia de las privatizaciones que implican la venta de activos públicos, esta concesión no generará ingresos directos para el Tesoro. El contrato será adjudicado a la propuesta que ofrezca la tarifa más baja, cuyo costo se recuperará mediante cargos incluidos en las facturas de electricidad de los usuarios.
Entre las empresas interesadas figuran Transener, Pampa Energía, Edison Energía, Genneia y Central Puerto, además de otros posibles participantes del sector.
Represas hidroeléctricas: las concesiones que vencen en diciembreOtro frente importante se abrirá el 15 de diciembre, cuando finalizarán los contratos de concesión de distintas centrales hidroeléctricas distribuidas en varias provincias.
Entre los activos involucrados aparecen el complejo Los Nihuiles, en Mendoza; Futaleufú, en Chubut; y dos centrales ubicadas en Santiago del Estero.
En el caso de Mendoza, podrían competir Edison Energía, vinculada con Juan y Patricio Neuss, junto con sus socios, y Pampa Energía. Para Futaleufú, en tanto, se espera una posible oferta de Aluar, la compañía de Javier Madanes Quintanilla, eventualmente asociada con Genneia.
La central chubutense tiene una importancia particular para Aluar, ya que abastece de electricidad a su planta de producción de aluminio, considerada la mayor consumidora individual de energía eléctrica del país.
Sin embargo, las licitaciones presentan demoras y no se descarta que el Gobierno deba prorrogar nuevamente los contratos de operación y mantenimiento hasta que se complete la adjudicación a nuevos concesionarios.
Ese mecanismo ya se utilizó con las represas de Neuquén y Río Negro, cuyas operaciones de privatización permitieron obtener aproximadamente US$ 700 millones a comienzos de 2026.
Centrales nucleares y termoeléctricas: las ventas previstas para 2027La etapa más sensible del programa llegará durante 2027, cuando el Ejecutivo prevé avanzar con la transferencia de participaciones estatales en empresas vinculadas con la generación de electricidad.
Entre los activos que saldrán al mercado se encuentran las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, actualmente bajo la órbita de Energía Argentina (ENARSA).
El Gobierno también proyecta desprenderse del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía responsable de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.
Esta última operación representa uno de los movimientos más relevantes del plan oficial, por tratarse de una empresa estratégica para el sistema energético y el desarrollo de la industria nuclear argentina.
Con estas operaciones, la Casa Rosada buscará completar una nueva etapa de su programa de privatizaciones y concesiones. La meta es obtener recursos para afrontar vencimientos de deuda, reducir la participación estatal en determinadas actividades y atraer capital privado, aunque el resultado fiscal dependerá de las ofertas que se presenten y de los plazos efectivos de adjudicación.