La carrera por el control de AySA entró en su etapa decisiva, pero el desembolso para comprar la compañía será apenas una parte de la cuenta. Antes de concretar la privatización, el Gobierno estableció las inversiones, metas de cobertura, reglas tarifarias y controles que deberá cumplir el futuro dueño durante los primeros años de gestión.
El próximo 8 de octubre, a las 10, se abrirán las ofertas económicas de los dos consorcios que continúan en competencia por el 90% de las acciones actualmente en manos del Estado. El 10% restante seguirá perteneciendo a los trabajadores mediante el régimen de propiedad participada.
La instancia quedó oficializada mediante la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26. La Comisión de Evaluación solicitó previamente correcciones que no modificaban la sustancia de las ofertas técnicas y finalmente admitió a ambos grupos, sin que el dictamen recibiera impugnaciones.
Los dos grupos que compiten por AySAUno de los consorcios está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX AQUA AR BV y Transclor. El otro reúne a Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Sus propuestas económicas se conocerán a través de CONTRAT.AR.
El ganador tomará el control de una de las mayores compañías de servicios públicos del país. La concesión abarca 3.363,5 kilómetros cuadrados entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses, sobre un territorio habitado por alrededor de 15,2 millones de personas.
AySA presta actualmente el servicio de agua potable a 11,47 millones de habitantes y el de desagües cloacales a 9,66 millones. Cuenta con unos 3,87 millones de usuarios registrados y una infraestructura que supera los 44.000 kilómetros entre redes de agua y cloacas.
La compañía informó además que terminó 2025 con un superávit económico neto de $237.000 millones, frente al déficit operativo equivalente a $1,048 billones a valores constantes registrado en 2023. También redujo 85% la deuda vinculada con Obligaciones Negociables reestructuradas y pasó a cubrir sus gastos operativos con ingresos propios.
Más de US$ 2.000 millones en inversionesEl nuevo propietario no tendrá libertad absoluta para definir el destino de las inversiones. El Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión y estableció una planificación por ciclos de cinco años, con objetivos obligatorios para el operador.
El primer período estará regido por el Plan de Acción 2027-2031, que contempla inversiones por $2,89 billones, equivalentes según las estimaciones oficiales a algo más de US$ 2.000 millones. Los recursos deberán destinarse al mantenimiento, renovación y expansión de las redes, plantas, estaciones y sistemas troncales.
Para 2031, el programa fija como objetivo alcanzar una cobertura de agua potable del 75,3% y de desagües cloacales del 63,9%. Hacia el final de los primeros 30 años de concesión, esos pisos deberán llegar al 90% y 75%, respectivamente.
Otro desafío será reducir el agua no contabilizada, que el diagnóstico oficial ubica alrededor del 42%. También deberá avanzar la instalación de medidores: de los casi 3,87 millones de usuarios o unidades funcionales, solamente 860.214 se encuentran actualmente bajo un régimen medido.
Qué pasará con las tarifas de AySAEl esquema diseñado para la etapa privada busca que la empresa mantenga su sustentabilidad económico-financiera mediante los ingresos tarifarios. Las tarifas, inversiones, costos operativos, niveles de eficiencia y condiciones del servicio serán analizados dentro de las revisiones previstas para cada período de cinco años.
Para el ciclo 2027-2031, el Plan de Acción parte de mantener constante en términos reales el nivel tarifario vigente al momento de su presentación y no contempla aumentos reales adicionales. Sin embargo, el contrato conserva mecanismos de actualización y revisiones ante las circunstancias previstas por el régimen regulatorio.
Las inversiones tampoco quedarán libradas únicamente a la declaración del concesionario. Un Auditor Técnico Independiente deberá certificar anualmente los desembolsos, comprobar que respondan al Plan de Acción y evaluar que sus valores sean consistentes con los precios de mercado.
Una concesión por 30 años y bajo control regulatorioEl futuro propietario administrará una compañía privada desde el punto de vista accionario, pero continuará operando un servicio público sujeto a regulación. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) mantendrán competencias sobre inversiones, expansión, planificación y condiciones de prestación.
El contrato tendrá una duración inicial de 30 años y contemplará la posibilidad de una extensión adicional de 10. Durante ese período habrá sucesivos ciclos quinquenales con nuevas metas, inversiones y revisiones de la ecuación económica.
Por eso, la oferta que se conozca el 8 de octubre será solo el punto de partida. Quien gane la privatización deberá sumar al precio por el 90% de AySA una extensa hoja de ruta de inversiones y objetivos que comenzará con más de US$ 2.000 millones previstos para los primeros cinco años de gestión privada.