Buenos Aires, 3 octubre (PV) – Padres y estudiantes tomaron el 30 de septiembre la Escuela Provincial de Educación Técnica 45 de Posadas para reclamar la intervención de las autoridades educativas frente a denuncias de maltrato. La protesta trasladó al establecimiento un conflicto que las familias ya habían planteado ante el sistema educativo del gobierno de Hugo Passalacqua.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ocupación fue pacífica y estuvo acompañada por una sentada de alumnos. El supervisor de escuelas técnicas, Juan Eduardo Montiveros, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con los tutores, que cuestionaban la falta de una respuesta suficiente del Consejo General de Educación.
El reclamo apunta contra integrantes del equipo directivo y docentes de la institución, ubicada en el barrio San Isidro de la capital misionera.
Los familiares atribuyeron a esos agentes episodios de hostigamiento y expresiones agraviantes hacia los estudiantes. Son acusaciones de las familias, cuya formulación no equivale a una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Una integrante de la comisión de padres, Cecilia Brítez, sostuvo que se habían realizado más de 15 denuncias policiales y que los planteos también llegaron al CGE. Relató que algunos alumnos atravesaban situaciones de ansiedad y ataques de pánico, que vinculó con los hechos denunciados dentro de la escuela.
Los tutores señalaron que un representante de las autoridades educativas había solicitado 48 horas para dar una respuesta y que ese plazo había transcurrido sin una solución que conformara a la comunidad.
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También indicaron que hubo entrevistas a estudiantes por parte de organismos educativos. El cuestionamiento familiar se concentra en las medidas adoptadas después de esas actuaciones.
Durante la protesta, alumnos denunciaron advertencias sobre posibles sanciones por participar y dificultades para salir de las aulas.
Los padres reclamaron el desplazamiento de la directora Lidia Maldonado y de otros agentes cuestionados. Esas exigencias forman parte del planteo de los manifestantes y no deben confundirse con remociones ya dispuestas.
El supervisor sostuvo que era necesario reunir pruebas, respetar el procedimiento y evaluar las responsabilidades antes de resolver eventuales desplazamientos. La respuesta oficial ofrecida en el establecimiento remitió, por lo tanto, a la tramitación de las actuaciones, mientras las familias reclamaban medidas de resguardo para los alumnos.
Agencia NA