Desde el Despacho Oval, Donald Trump anunció un proyecto de US$ 15.000 millones para construir en Iowa una planta siderúrgica con capacidad para producir hasta 10 millones de toneladas de acero por año a partir de 2030. El mineral de hierro provendrá de una mina de Minnesota que comenzó a operar este mes, la primera abierta en ese estado en medio siglo. Según la Casa Blanca, será la mayor planta siderúrgica de la historia de los Estados Unidos, y la primera de esa escala desde la década de 1960.
Más allá del tono de campaña, a pocas semanas de las elecciones de medio término, el anuncio condensa una lógica que merece atención en la Argentina. No se trata de una inversión privada que el Estado se limita a celebrar. Es un proyecto en el que el sector público actúa como socio, financista y protector.
El manual completoEl Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, una entidad estatal, ofrecerá hasta US$ 10.000 millones para ampliar la mina que abastecerá a la planta. El proyecto integra toda la cadena dentro del territorio, desde la extracción del mineral hasta la producción de acero de alta calidad, y se justifica explícitamente por razones de seguridad nacional y de abastecimiento para la defensa. Y está protegido por un arancel del 50% a la mayoría del acero importado, uno de los pocos que la Corte Suprema dejó en pie este año.
Banca pública de largo plazo, protección comercial selectiva, integración de la cadena de valor y un criterio estratégico que prevalece sobre la eficiencia de corto plazo. No es una improvisación: es el repertorio clásico de la política industrial.
Chalmers Johnson lo describió al estudiar el ascenso de Japón: el Estado desarrollador no reemplaza al mercado, sino que lo orienta, eligiendo sectores estratégicos y coordinando el financiamiento para que la inversión privada llegue donde, por sí sola, no llegaría. Robert Wade mostró que Taiwán y Corea hicieron lo mismo, y acuñó una fórmula precisa: gobernar el mercado. Hoy es la primera economía del mundo la que aplica ese manual, y ya no lo disimula.
El contraste argentinoEn la Argentina, la dirección es la opuesta. El arancel promedio bajó de alrededor de 13% a cerca de 9%, se eliminaron restricciones cuantitativas y licencias no automáticas y la apertura avanza sin una estrategia de reconversión para los sectores expuestos. El ministro de Economía llegó a calificar de «tarados» a quienes plantean la necesidad de ocuparse de la industria. Los resultados están a la vista: según el INDEC, en julio la industria manufacturera cayó 4,6% interanual y la construcción 3,3%, en el marco de la peor caída mensual de la actividad desde la pandemia.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones atrae capitales, pero se concentra en actividades extractivas intensivas en capital, que generan divisas y poco empleo, y que exportan con escaso valor agregado local. Estados Unidos, en cambio, usa su mina para abastecer su propia siderurgia. Nosotros exportamos el recurso; ellos exportan el producto.
Aprovechar las ventajas, no resignarse a ellasEl economista chino Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial, propone una idea útil para pensar el caso argentino: la política industrial eficaz no consiste en ir contra las ventajas comparativas, sino en usarlas como plataforma para escalar hacia actividades de mayor complejidad. El Estado facilita esa transición con infraestructura, financiamiento y coordinación.
La Argentina tiene una ventaja energética excepcional en Vaca Muerta, que podría abastecer con gas competitivo a la siderurgia, la petroquímica, los fertilizantes y el aluminio. Tiene minerales críticos que el mundo demanda. Lo que no tiene es una estrategia para que esa renta se convierta en capacidad industrial distribuida en el territorio. Sin banca de desarrollo, sin crédito de largo plazo en moneda local y sin una política que vincule los sectores exportadores con proveedores nacionales, la ventaja se agota en la frontera.
Copiar lo que convieneEl anuncio de Iowa tiene puntos discutibles. El grupo propietario de la mina intentó un proyecto similar hace dos décadas, que terminó en quiebra, y la elección de la localización plantea dudas sobre costos energéticos y logísticos. Pero el mensaje de política pública es inequívoco: las grandes potencias no confían la reconstrucción de su base industrial a la libre asignación del mercado.
La paradoja argentina es que el Gobierno toma a Washington como referencia en el discurso y en el ajuste, pero no en la estrategia productiva. Importa el lenguaje del libre mercado mientras su principal aliado practica el industrialismo. El orden macroeconómico era una condición necesaria, pero no suficiente. Sin una política deliberada para construir capacidad productiva, la estabilidad se convierte en un equilibrio sin crecimiento. Estabilizar la nominalidad es un punto de partida, no un destino.