Existe una asimetría entre el Poder Judicial y el resto de la sociedad que llama la atención. Mientras en varios sectores políticos y de la sociedad civil se reconoce que vivimos en un país con los más graves excesos fiscales en el mundo, en el sector judicial ni se menciona esa realidad. Esta asimetría es un ejemplo de la actitud judicial que, en general, ha incentivado y provocado la que podríamos denominar «la tragedia fiscal argentina.»
Primero, en las redes de Lógica (@paisconlogica) consta que, según cuatro entidades, por cinco métodos distintos, Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, o está en el podio, lo que se difunde recurrentemente. Segundo, según el FMI, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo en 2023 (211%), lo cual es bien conocido. Bajó fuerte pero aún andamos por ese barrio. Tercero, también se difunde el índice EMBI de riesgo país. En ese año merodeábamos entre los 10 más altos del mundo y hoy cuesta bajar de 500 puntos. Sólo Argentina y Venezuela han sido top 10 en los tres rankings de impuestos, de deuda e inflación (2023), las tres fuentes de financiamiento del gasto público, el cual llegó a un elevadísimo 47% del PBI (2020).Cuarto, según el informe anual del IARAF, tenemos 150 tributos, también difundido.Quinto, salen periódicamente notas sobre la muy alta carga fiscal contenida en los precios de consumo, rondando un producto para el consumidor y otro para el Estado en impuestos. Sexto, es mal conocida la hiperregulación que sufren los contribuyentes, otro aspecto del país más gravoso: múltiples regímenes de información, retención y percepción, con quejas públicas por los «saldos a favor» de Ingresos Brutos, impuestos sin ley que casi nunca se recuperan. Séptimo, el Presidente ha destacado en sus principales discursos que Argentina tiene los impuestos más altos del mundo y hasta la expresidenta afirmó que es cierto que «tenemos ciento y pico de impuestos que pueden ser eliminados». Octavo, a nivel legislativo, se reconoce a cada rato que tenemos los impuestos más altos. Por ejemplo, once legisladores lo afirmaron en el recinto en ocasión del «aporte solidario». Noveno, en las conferencias empresarias de los últimos años, donde suelen exponer ministros de la Corte Suprema, la máxima carga fiscal es de los temas más tratados. Décimo, si ponemos en el buscador «Argentina impuestos más altos del mundo», Internet nos devuelve más de una centena de notas y artículos de fuentes distintas. Si la búsqueda la hacemos en redes, encontramos infinidad de videos, placas, memes e intercambios varios. En suma, los temas que hacen de Argentina el o uno de los países más gravosos del mundo son ampliamente reconocidos. Pasemos al Poder Judicial. No existe, según nuestro conocimiento y un sondeo entre tributaristas, ni una sentencia publicada que mencione ninguno de los temas que hacen de Argentina uno de los países más gravosos del mundo. Ni los impuestos más altos, ni los 150 tributos, ni la hiper-regulación, ni cómo esto provoca la emergencia del contribuyente.
Cuando los jueces ponen su caso en contexto, en los considerandos sí hacen muchas referencias a la «emergencia del Estado». Llegamos a encontrar un fallo que la menciona 36 veces a lo largo de unas 50 páginas. Pero entre los más de 200 jueces que atienden temas fiscales, desde el Tribunal Fiscal de la Nación a la Corte Suprema, no existe ni una sola mención de las cuestiones que nos hacen el país más gravoso del mundo. En todos lados se refiere o debate sobre la muy pesada carga fiscal argentina. Salvo en el Poder Judicial.
Esta asimetría es una muestra de la visión sesgada del típico juez. Cuando decide poner la respectiva cuestión fiscal en el marco económico argentino, el juez amplía la visión de su análisis, como si echara el zoom de su cámara hacia atrás. Pero al hacer zoom out la imagen se le ladea sólo para uno de los costados: le entran todos los aspectos que hacen al Estado, pero ninguno relacionado con el contribuyente, el cual queda fuera de imagen. O quizás sí le entraba, pero decidía eliminarlo con Photoshop o, ahora, con IA.
La asimetría fiscal salpica a todos los jueces, pero en distintos grados. Por un lado, hay una minoría que, en general, falla poniendo límites a la voracidad fiscal de los políticos en sus tres niveles. Pero que, de haber tomado más en cuenta lo máximamente gravoso del sistema fiscal y de sus efectos trágicos para la sociedad civil, hubieran sido mucho más implacables en sus fallos sobre el fondo del asunto; más inclinados a conceder medidas cautelares al contribuyente; a aplicar sanciones y costas mayores al Estado vencido; o hubieran abreviado sus tiempos, los que provocaron perjuicios económicos irreparables.
Por el otro, está la mayoría que ha emitido fallos en favor del Estado, sin aplicar los principios constitucionales tributarios. En una época quizás algunos lo hacían de buena fe, influidos por su ideología personal, en defensa del Estado omnipresente, pero a la luz de los fatales índices de pobreza generados por ese sistema, a esta altura es no sólo improcedente sino también inaceptable. Mientras, muchos otros jueces, por la razón que fuere, han decidido fallar sistemáticamente en favor del Estado y contra la Constitución.
Esta es sólo una evidencia de cómo los jueces deciden ignorar la realidad fiscal argentina y cuán fuerte es su sesgo pro-fisco. Citamos muchos más ejemplos y argumentos en nuestro trabajo «El Poder Judicial del país más gravoso del mundo».
Ahora bien, la responsabilidad de los jueces por la tragedia fiscal argentina no es funcional o secundaria, sino primaria. Suscribimos lo que sostienen los Premios Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoglu y James Robinson («Por qué fracasan los países»). Su principal aporte es que la clave para el éxito (o fracaso) de un país no depende de la sabiduría o liderazgo de los políticos y sus planes, sino principalmente del buen (o mal) funcionamiento de sus instituciones. Las claves para el éxito pasan por el respeto a la propiedad privada, la independencia del poder judicial, la separación de los poderes, la libertad económica, etc. Los países que adoptan esas instituciones inclusivas prosperan, mientras los otros fracasan.
El caso de Argentina es mencionado por esos autores entre los ejemplos de países con instituciones deficientes que la llevaron al fracaso, entre las principales el no respeto de la propiedad privada y la no independencia del Poder Judicial.
Se menciona en especial la manipulación de la Corte Suprema por el Poder Ejecutivo de turno, con cita de un par de ejemplos, que lleva a los autores a una fatal conclusión sobre dicho tribunal: «Se acabó con una institución que podría haber impuesto ciertos límites al poder ejecutivo». Aquella manipulación dejó su impronta hasta nuestros días: un Poder Judicial que, en general, no tiene fuerza en lo fiscal, de perfil pusilánime, que no se anima a hacerle frente a los abusos del Estado contra los contribuyentes, razón principal para la cual se creó este poder.
Ahora bien, ¿cómo cambiar esta realidad judicial?
Primero un remedio micro, progresivo, la aplicación del «no te quejes si no te quejas». Proponemos que en las presentaciones por cuestiones fiscales, en sede judicial o administrativa, se ponga el respectivo caso en el contexto del país más gravoso del mundo o de la «emergencia del contribuyente» y, en su caso, se señale, de la forma que se considere más apropiada, la mencionada responsabilidad que ha tenido el Poder Judicial. En la página web de Lógica (www.logica.org.ar) incluimos el «Modelo para presentaciones – Emergencia del Contribuyente» que podrá servir de inspiración. Concientizar a los jueces hasta que dejen de negar la tragedia fiscal argentina.
Por el otro, un remedio con impacto más macro e inmediato. En el Pacto de Mayo, si el 50% de los diez puntos básicos son fiscales, lo lógico es designar miembros de la Corte Suprema con conocimiento fiscal. Siendo que hay dos vacantes, podrían integrarse con un tributarista y, en forma complementaria, con un constitucionalista con conocimientos fiscales.
Pero sólo dos de excelente reputación y trayectoria, garantía de impecable aplicación de los principios constitucionales tributarios, demostrado en sus fallos, dictámenes y/o doctrina. Y nunca de los que, con interpretaciones sesgadas pro-fisco, han incentivado a los políticos a convertirnos en el país más gravoso. Esas dos incorporaciones irían mucho más allá de completar las vacantes. Sería un fuerte signo de cambio para toda la Justicia, para los inversores, contribuyentes, ciudadanos y, en suma, para todo el país. Un antes y después.
Como conclusión, en nuestro país, los políticos incurren en excesos fiscales a sabiendas e incentivados por una Justicia tolerante o, al menos, condescendiente. Así, la voracidad fiscal creció al compás de la permisividad judicial. El Poder Judicial ha tenido responsabilidad primaria por la tragedia fiscal argentina. Pero esa responsabilidad hacia el pasado es proporcional a la oportunidad a futuro: la de convertirse en una institución clave para el despegue y crecimiento de Argentina.
Para ello es necesario un Poder Judicial, especialmente su Corte Suprema, que reconozca la grave realidad fiscal de nuestro país y que, como consecuencia, sea implacable con los excesos fiscales, en tiempo oportuno. El día que los políticos vean en las sentencias de todo el Poder Judicial esos límites implacables, será posible tener impuestos lógicos, gastos lógicos y, en suma, un país lógico.