Buenos Aires, 11 septiembre (PV) – La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino sumó este jueves dos hechos concretos contra la gestión de Gustavo Melella: una representante del directorio intimó a reclamarle al Gobierno provincial una deuda calculada en $19.739.292.200,83 y un prestador de salud mental suspendió el ingreso de nuevos afiliados por la falta de pago.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la vocal por los trabajadores activos, Adriana Soria, presentó el 10 de septiembre una nota formal al presidente de OSEF, Gustavo García, para que intime al Ejecutivo a cancelar los montos que surgen de la contabilidad del organismo.
El planteo no es una estimación opositora: la representante discriminó obligaciones por aportes, contribuciones e intereses, además de prestaciones vinculadas con el Régimen Único de Pensiones Especiales.
El primer bloque asciende a $9.032.200.143,83 y corresponde, según la presentación, a transferencias demoradas y sus accesorios. El segundo alcanza $10.707.092.057 por obligaciones del RUPE. La suma de ambos conceptos arroja los $19.739 millones reclamados al Estado provincial, principal empleador y aportante del sistema.
Otro integrante del directorio, Horacio Gallegos, impulsó una medida para que OSEF active mecanismos administrativos y judiciales de cobro, con retenciones bancarias sobre los organismos morosos.
En su detalle ubicó al Gobierno central con $7.682.156.646,66, al Municipio de Tolhuin con $410.147.810,55 y a la Dirección Provincial de Vialidad con $406.822.263,24, además de otros entes públicos.
Gallegos separó también la deuda del RUPE: $8.891.260.556,42 provendrían de períodos anteriores a 2026 y $1.815.831.500,58 del ejercicio en curso. Las cifras pertenecen a las presentaciones de los vocales y deberán cotejarse con la respuesta contable de cada organismo, pero describen acreencias ya registradas y no una obligación futura.
El impacto dejó de ser exclusivamente financiero. La asociación Reencontrándonos, dedicada a tratamientos de salud mental y adicciones, comunicó el mismo 10 de septiembre que no incorporará nuevos pacientes derivados por OSEF.
La institución aseguró que acumula más de dos meses sin percibir pagos y que el último depósito, realizado el 1 de julio, correspondió a prestaciones brindadas en febrero.
El centro mantendrá los tratamientos ya iniciados para evitar interrupciones clínicas y reservará parte de sus camas para personas sin cobertura. La decisión, por lo tanto, no equivale al cierre total del servicio, pero sí reduce desde ahora la capacidad de la obra social para derivar nuevos afiliados a ese prestador.
La entidad afirmó además que trabaja sin contrato vigente y con valores reducidos, y que envió comunicaciones que no obtuvieron respuesta. Esa descripción corresponde al prestador; no existe en las fuentes revisadas una resolución judicial que determine incumplimiento penal ni responsabilidad personal de Melella o de García.
Agencia NA